barcelona - Tras conocer el escrito de la Fiscalía que defiende que la hermana del rey no tiene responsabilidad penal en el caso Nóos, el abogado de la infanta Cristina, Miquel Roca, anunció ayer que ya ha presentado la petición de sobreseimiento para su cliente ante el juez Castro, encargado de decidir en último extremo si la hermana del rey acaba sentada en el banquillo de los acusados.
Roca explicó que teniendo en cuenta la actual situación procesal -el fiscal ha pedido el sobreseimiento y tampoco formula acusación contra la hermana del rey-, su despacho solicita el sobreseimiento al amparo del artículo 782 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dicho precepto señala que cuando no hubiere acusación pública ni particular el juez debe acordar el sobreseimiento. Según Roca, que nunca se ha juzgado a nadie en sus circunstancias y aunque algunos medios hablan de la aplicación a este caso de la denominada doctrina Botín, él piensa que no es ésta la alegación concreta, “esto en todo caso es a mayor abundamiento”.
Sobre la fianza de 587.413 euros que según la Fiscalía podría tener que llegar a hacer frente Cristina de Borbón en concepto de responsabilidad civil, Roca comentó que consignarán esta cantidad para “extinguir la responsabilidad civil” y una vez se extinga la responsabilidad penal, como ayer reclamaron, “esto se habría terminado”.
Indicó que no tiene prisa por depositar la citada cantidad, si bien quizá lo hagan a lo largo de la jornada de hoy. “Si lo tienes que hacer lo haces, no se busca ningún impacto”, subrayó el jurista, para añadir que esta responsabilidad civil no operará si Iñaki Urdangarin finalmente es absuelto en la sentencia.
‘doctrina botín’ La Fiscalía y la defensa de Cristina de Borbón, que durante todo el proceso han marchado de la mano, apelan a la doctrina Botín, fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia de 2007, en la que establece que, en el procedimiento abreviado, no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular, algo que, de aplicarse al caso Nóos, impedirá que la infanta Cristina se siente en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, en el auto en el que la Audiencia de Palma confirmó la imputación de la infanta Cristina el pasado 7 de noviembre, el tribunal provincial señaló que “existe un matiz” que diferencia el caso de Botín del de la infanta: que ella está imputada por delitos por los que la Fiscalía y la Abogacía del Estado sí que tenían intención de acusar, como de hecho hicieron ayer.
El tribunal afirmó: “A diferencia del que examina la sentencia del 2007, existe un matiz o aspecto a considerar en cuanto a lo que allí decidido y resuelto, cual es que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, según se desprende de su posicionamiento acusatorio desplegado, piensan ejercer la acusación por delito fiscal, aunque no lo atribuyen a la infanta”. La decisión, como en las muchas vicisitudes del caso Nóos, queda de nuevo en manos del instructor del sumario.
Ayer, el juez Castro manifestó a su llegada a los Juzgados de Vía Alemania de Palma que “nunca” ha pensado que la infanta Cristina se encuentre en una posición de indefensión, en contra de lo que alega la Fiscalía Anticorrupción, que ha solicitado el archivo de la imputación de la duquesa al recriminar que únicamente se le acuse en base a “sospechas”.
“Nunca lo he pensado. Hay criterios y criterios”, recalcó el magistrado ante los medios que desde primera hora aguardaban su presencia en las dependencias judiciales. Del mismo modo, preguntado sobre cuándo dictará el auto en el que abra juicio oral de la causa y resuelva si envía al banquillo a la hermana del rey Felipe VI, Castro apuntó que “lo antes posible, pero no puedo aventurar una fecha”. De hecho, señaló que ello “dependerá de la complejidad” de los escritos de calificación que las acusaciones le han entregado, en los que concretan las penas que solicitan para los inculpados del caso. - DNA/E.P.
