PALMA DE MALLORCA. El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, reclama un total de 26 años y medio de prisión para el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, cuyo nombre incluirá junto al de su mujer, la Infanta Cristina, en el escrito de calificación que presentará este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Cristina de Borbón, por su parte, se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

En concreto, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press, la entidad sindical solicitará para Urdangarin ocho años de privación de libertad por delitos de malversación, tráfico de influencias, falsedad en documento público y prevaricación; otros ocho por dos delitos fiscales; cuatro años por blanqueo de capitales; tres y medio por un delito de estafa y falsedad en documento privado, y otros tres por fraude a la Administración.

En el caso de la Infanta, Manos Limpias, representado en la causa por la letrada Virginia López Negrete, es la única acusación que solicitará pena de cárcel para la Duquesa, al apuntar que su papel fue imprescindible para que su marido pudiera defraudar hasta 337.138 euros en las cuotas del IRPF del 2007 y el 2008.

Y ello al apuntar que la hermana del Rey Felipe VI contribuyó, como socia de Aizoon -de la que es copropietaria con su esposo-, a que Urdangarin pudiera valerse de esta empresa 'pantalla' para facturar a través de la misma, como si de rendimientos de actividades económicas se tratasen, y no personales, las retribuciones que cobró de numerosas entidades privadas de las que era consejero asesor, y de este modo tributar menos en su declaración de la renta.

Para justificar su petición de ocho años de cárcel --cuatro por cada uno de los dos delitos fiscales--, la entidad considera que la hermana del Rey Felipe VI incurrió en una agravante, y fue el haber interpuesto una sociedad para ocultar la verdadera identidad de los obligados tributarios.

De hecho, Manos Limpias, al igual que la Fiscalía, considera que Aizoon era una de las mercantiles ficticias que integraban el entramado societario presuntamente dirigido a desviar los fondos obtenidos por el Instituto Nóos --hasta 5,9 millones de euros-- desde las Administraciones públicas.