vivimos tiempos complejos para ordenar y gobernar los recursos públicos. Gestionar los recortes es mucho más difícil que repartir la abundancia. Para un político la fijación de prioridades, la jerarquización de las múltiples demandas de mayor mecenazgo y apoyo se ha convertido en factor estratégico clave de su actuar. Y, como siempre, en este contexto de crisis lo público se vende siempre fatal, peor que lo privado, porque se aflora casi siempre su lado negativo, el morbo, la bronca sindical, los enfrentamientos, las disfunciones. Está bien denunciar y dar a conocer lo que no funciona correctamente en el gobierno de la res publica, pero un mínimo ejercicio de responsabilidad en defensa de nuestros servicios públicos exige reivindicar de igual modo lo que se hace bien en ámbitos como el educativo, el sanitario o el socioasistencial.
El contexto viene marcado por una inmadura, complaciente y a veces hipócrita sociedad de la irresponsabilidad; casi nadie, ni en la esfera pública ni en la privada, se reconoce responsable de nada. Despreciar el nivel y el actuar responsable y recto en la gestión, eficacia y eficiencia de los asuntos públicos es un error político, cultural y estratégico de primer orden. Y además es preciso dar prioridad absoluta a los principios y valores que proclamemos como referentes de nuestro modo de entender la gestión de la cosa pública. De lo contrario naufragaremos. Nos jugamos mucho en esta empresa de defensa de nuestro sistema público, verdadero andamiaje sobre el que se construye y consolida nuestra sociedad vasca.
Un primer ejemplo: la universidad pública, nuestra UPV/EHU es, debe ser la verdadera universidad del Gobierno. El sistema universitario debe pivotar en torno a la UPV, sin minusvalorar el papel del resto de universidades privadas. Pero una cosa es financiar (lo público) y otra distinta subvencionar (lo privado). Hay que hacer un esfuerzo desde el Gobierno para garantizar la viabilidad futura de nuestro plan universitario. Somos un espejo de la sociedad: esta será lo que sea nuestra universidad, nuestra evolución educativa y formativa garantiza el desarrollo social futuro. La apuesta es necesaria e imprescindible. La universidad no es una mera fábrica de alumnos que deseamos transformar en futuros profesionales. Desde las aulas se construye nuestro futuro como sociedad. Docentes, personal de administración y servicios, gestores, sindicatos, todos somos corresponsables ante el enorme reto de hacer mejor a nuestra universidad para hacer mejor a nuestra sociedad.
Un segundo ejemplo: nuestro sistema sanitario público. Solo valoramos lo que tenemos cuando lo necesitamos. Y la satisfacción y el orgullo ante nuestro sistema sanitario, ante Osakidetza, no queda ni desvirtuada ni ensombrecida por un clima de hostil demanda sindical ante el que los ciudadanos respondemos ya con una mezcla de cierta apatía, desafección e indignación, al sentirnos una vez más rehenes de una lucha de poder intrasindical que desconoce el sentido de responsabilidad cuando está en juego la sostenibilidad del sistema y la credibilidad de la ciudadanía en el mismo. ¿Por qué no ocupan parte de su tiempo en proponer en positivo mejoras del sistema, en mostrar un mayor compromiso con el futuro de nuestro modelo sanitario en lugar de centrar su reivindicación permanente en una dimensión laboral interna, necesaria pero no excluyente? ¿Por qué no aflora ni se reivindica en positivo su corresponsabilidad en la mejora de nuestro modelo?
El futuro de nuestro sistema sanitario es cosa de todos, y la cultura de la queja y del agravio debe dejar paso a mensajes y actitudes proactivas; debemos cambiar el paso y por una vez trabajar mano a mano en beneficio de lo público.
Un tercer ejemplo se asentaría en la defensa y potenciación de nuestra red de protección socioasistencial: funciona bien, pero la crisis tensa tanto la demanda que solo con generosidad y empatía social podemos mantener nuestro modelo sin desnaturalizarlo. Debe articularse un gran pacto social y político para que la marea populista no contamine nuestro sistema en detrimento de la justicia social que debe inspirarlo. Los derechos sociales, nuestro modelo social de convivencia basado en la solidaridad y en la responsabilidad individual y colectiva solo se garantiza si existe detrás una buena gestión eficaz y eficiente de las políticas y recursos públicos.
Para esto debe servir la política en democracia, para mejorar y tratar de evitar una mala gestión irresponsable. Sorprende que precisamente cuando más difícil resulta gobernar este mundo globalizado, complejo y cambiante, menos atención se preste a cómo se ejerce la labor de gobernar. La misión prioritaria e inaplazable de esta época es hacer que el andamiaje institucional en el que se sustenta y apoya lo público aspire a la excelencia, o al menos que funcionen de forma lo suficientemente eficaz y eficiente como para no poner en peligro los buques insignia de nuestro modelo social de bienestar.