Algo tiene que estar equivocado en la estrategia de la izquierda abertzale sobre los presos si los únicos hitos que han abierto las puertas de algunas celdas no tienen nada que ver con ella. En las últimas semanas ha vuelto el foco sobre este asunto con la excarcelación de varios miembros y exmiembros de la organización por aplicación de criterios jurídicos en tribunales españoles. El Tribunal Supremo aplicó el derogatorio de la doctrina Parot a Carmen Gisasola y la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo lo propio con la directiva marco europea sobre acumulación de condenas en países de la Unión, acogiendo los recursos de Plazaola, Arrospide, Mujika y Caride. Dos tribunales españoles, dos criterios emanados de la estructura jurídica europea. Debería dar qué pensar.
Para empezar, en cuántas excarcelaciones se han logrado con una estrategia orientada -por el MLNV antes y por las nuevas estructuras de la izquierda abertzale, ahora- exclusivamente a la movilización, cuando no el reproche. Hasta el señalamiento de quien no compartía la mirada disléxica que enfocó la realidad del país hacia el injusto y reprobable trato dado a las familias de los presos por la dispersión, pero incapaz de empatizar con las víctimas de la violencia brutal y aniquiladora de ETA. Ninguna. Nadie ha abandonado la cárcel gracias a esa fórmula y muchos han entrado por ella. Como han sido encarcelados otros por la mera actividad política, víctimas de una estrategia de represalia desmesurada de los sucesivos gobiernos españoles.
Quizá esa estrategia de convertir al colectivo de presos en rehenes de su propio simbolismo toca a su fin. Aunque si lo hiciera con un poco más de sincero pragmatismo, sería mejor para todos. La punta de lanza que constituían en la estrategia de construcción nacional cuya vanguardia fue depositada en manos de ETA durante demasiado tiempo, quedó a la cola de las prioridades por mor de la necesidad. Mientras las nuevas estructuras de la izquierda abertzale se constituían y volvían a la legítima práctica política, el colectivo quedó en barbecho, a retaguardia. Expectante entre los cantos de sirena de una amnistía que nunca estuvo sobre la mesa de ningún Ministerio y la conveniencia de que el foco iluminara la aceptación de Sortu de la Ley de Partidos con su rechazo de la violencia como estrategia política. ¿Y antes? Tiempo perdido.
La decisión marco europea sobre acumulación de penas data del año 2008 y es directiva desde 2010. La pugna jurídica que llegará ahora ante el Tribunal Supremo y acabará, seguramente, en Estrasburgo, podía haber comenzado antes. La decisión de hacerlo hoy retrata la estupidez de no haberlo hecho ayer. La dejación en la demanda de los derechos individuales de los presos del EPPK está en el debe de quienes les indujeron a no reivindicarlos en el pasado.
Ahora, el tiempo es complicado. Ha topado con el Gobierno más incapaz y pétreo de la democracia española. Con una estrategia ad hoc de entorpecer soluciones por el pánico a la reacción de los referentes del discurso oficial que entronizaron los grandes partidos españoles. Se precipita con la torpe construcción de una legislación específica que salga al paso de los recursos es un acto fraudulento ética, jurídica y políticamente orientado ad hominem. El aplauso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, a ese fraude, su instrucción pública a la Fiscalía y el mensaje explícito de lo que espera de los jueces -“que no genere un resultado de descuento de las penas”- retratan que su la prioridad no es el ejercicio de la Justicia en toda su dimensión. También en la que aplica al criminal condenado. Y es obsceno el abandono del respeto a los criterios judiciales que esgrime Soraya Sáenz de Santamaría cuando habla de la corrupción en el PP para abrazar el iracundo reproche a los jueces en este asunto. No se puede ser socio de la democracia europea sin compartir las líneas de garantía de derechos que se están construyendo en el marco de la UE.
No cabe engañarse: el protagonismo de este momento tampoco va a estar en los presos. Este Gobierno está dispuesto a llegar de nuevo a Estrasburgo agarrado a su ley exprés y que su sentencia caiga sobre el que venga detrás, dentro de unos años preciosos en el camino de la conciliación. Por eso es ridículo el tiempo perdido en el pasado en una estrategia errada de pulso y violencia y por eso lo sigue siendo sostener la pose, como si la resistencia rescatara hoy la dignidad que se perdió ayer practicando el asesinato. El protagonismo está en manos de la Fiscalía; de un Torres-Dulce que obvia la independencia de la Fiscalía y abusa de su criterio jerárquico. Y en manos de un Tribunal Supremo que es una lotería de la sala en la que caiga el recurso. Y, si no, siempre queda el plenario, con su mayoría de magistrados propuestos por los vocales del PP en el Consejo General del Poder Judicial. ¡Glups!
