madrid -Los jueces reclaman despolitizar la justicia, “sacarla del debate político”, al tiempo que solicitan más medios humanos y materiales para ejercer su labor, en especial en aquellos casos relacionados con la corrupción. Asimismo, abogan por la revisión, “y en su caso la supresión”, de aforamientos al considerar que entorpecen y ralentizan de forma clara los procedimientos. Estas son algunas de las conclusiones de las Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales de la judicatura en representación de los 2.000 jueces existentes en el Estado español. Los jueces han redactado un documento titulado 58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción en el que presentan sus reclamaciones en un momento que consideran crucial “puesto que está en juego el prestigio del sistema judicial”.

Por lo que respecta a despolitización de la justicia, aseguran que el “poder judicial será lo eficiente que quiera el poder ejecutivo y el legislativo”, por lo que reclaman una gran pacto entre los partidos políticos para definir “de una vez” el modelo de justicia que se quiere tener. Así, los decanos plantean modificaciones en el sistema de selección y nombramiento del Tribunal de Cuentas, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) e incluso del Tribunal Constitucional, puesto que consideran que hoy en día estas instituciones son “excesivamente dependientes de los partidos políticos”. Asimismo, abogan por la “eliminación de la posibilidad del nombramiento de magistrados a propuesta de los parlamentos autonómicos”.

Los jueces piden, asimismo, que los refuerzos “en causas especialmente complejas, en particular casos de corrupción”, se adopten “en cuestión de días y no de meses”. Así como la “posibilidad” de que en tales investigaciones “los jueces puedan trabajar en equipo”, y que el CGPJ tenga “facultad de control sobre el cumplimiento por las comunidades de sus obligaciones de dotar de medios a los juzgados”.

medidas anticorrupción Por lo que respecta a la medidas concretas para luchar contra la corrupción, los jueces españoles plantean una reforma del Código Penal donde queden contemplados los siguientes aspectos: ampliar la prescripción de los delitos de corrupción; introducir el delito de enriquecimiento injusto y el de “financiación ilegal de partidos políticos”, y elevar las penas para delitos relacionados con la corrupción, “en particular el de tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos”.

En este sentido, otras de las medidas recogidas en el documento hecho público por los jueces decanos aboga por rebajar la cantidad a partir de la cual se considera que existe un delito fiscal -a fecha de hoy se considera delito fiscal a partir de 120.000 euros-. De la misma manera, consideran necesario aumentar las penas para quienes indirectamente amparen, oculten o faciliten la corrupción, como en la “omisión del deber de denunciar”.

Sobre las penas, los jueces consideran que sería básico la limitación o, en una medida más drástica, la prohibición legal de la suspensión o sustitución de la pena en casos de delitos de corrupción. Según los juristas, solo se debería mantener la suspensión o sustitución de penas en “casos muy excepcionales y siempre condicionada a la devolución de las sumas malversadas o apropiadas”.

demasiados aforados Los jueces prestan también un especial interés por la figura de los aforados, que consideran que está sobresaturada en el Estado español. Abogan por atribuir al juez ordinario el conocimiento e instrucción de causas de aforados, restringir esa condición a la fase de enjuiciamiento, no instrucción, y a delitos cometidos en el ejercicio del cargo, además de la “imposibilidad de cambios de tribunal” aunque se deje de estar aforado o viceversa. En este mismo sentido, y con el fin de acabar con las diferencias, los jueces decanos reclaman suprimir el “privilegio” de ciertas autoridades de declarar por escrito sin comparecer ante el juez o permitir al fiscal valorar si conviene iniciar o no el proceso penal en caso de pequeñas infracciones.

Para llevar a cabo todos estos cambios que se reclaman desde la judicatura, los jueces decanos señalan en su escrito que es necesario más medios para la Fiscalía Anticorrupción y mantener la acusación popular “como contrapeso del Ministerio Fiscal, en especial si se pretende que en un futuro asuma la investigación, pero con límites para evitar abusos”.

“Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona”, aseguró a modo de resumen el juez decano de Málaga, José María Paz, en la presentación del documento.