Madrid - La excarcelación de cuatro presos históricos de ETA, que se daba ya por hecha tras la decisión de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de descontarles las penas que cumplieron en cárceles francesas, aún tendrá que esperar para confirmarse. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del pasado martes que instaba a aplicar a Francisco Mujika Garmendia, Pakito; Santiago Arrospide Sarasola, Santi Potros; Rafael Caride Simón y Alberto Plazaola Anduaga una resolución marco europea sobre la acumulación de condenas en países de la Unión Europea.

En un escrito registrado ayer, el Ministerio Público anuncia su intención de presentar un recurso de casación ante el Supremo, al considerar que el tribunal ha cometido “una infracción de ley” al aplicar en este caso la Decisión Marco del Consejo de Europa de 2008. Sostiene que la decisión marco no es una directiva, que tendría carácter vinculante. Su misión, según la acusación pública, es constituirse en “un instrumento para permitir que los estados armonicen sus legislaciones”, pero “no armoniza o unifica directamente, por sí misma, tales legislaciones”. “Carece, como se ha dicho, de efecto directo”, insiste.

Además, señala que ayer mismo entró en vigor la Ley Orgánica 7/2014 sobre consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, que restringe la aplicación de la normativa comunitaria y establece en su Disposición Adicional Única que “en ningún caso serán tenidas en cuentas” para su aplicación “las condenas dictadas por un tribunal de un Estado miembro de la UE con anterioridad al 15 de agosto de 2010”. De igual modo, el fiscal expone que “un cambio en la jurisprudencia, aun consolidado en múltiples sentencias”, no constituye “un hecho nuevo que permita fundar un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia firme”.

En el recurso de la Fiscalía subyace el deseo del Gobierno español de evitar el desgaste que le supondría una situación análoga a la que hace un año provocó la derogación de la doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tras la que decenas de presos de ETA abandonaran las cárceles. En este sentido, la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, calificó ayer la decisión de reducir la condena de cuatro presos de ETA como una nueva modalidad de derogación “encubierta” de la doctrina Parot. “Siempre nos dicen que hay que acatar las decisiones de la justicia aunque no nos gusten. ¿Pero ahora, qué justicia tenemos que acatar?”, se preguntó en declaraciones a Europa Press, en las que denunció esta nueva “humillación” a las víctimas.

Zulo abandonado Una vez la fiscalía presente el recurso, el Tribunal Supremo se tendrá que pronunciar sobre si se debe efectivamente rebajar el tiempo en prisión de los cuatro presos de ETA teniendo en cuenta la pena que ya cumplieron en el Estado francés, lo que podría suponer su excarcelación. Los argumentos de la fiscalía coinciden con las tesis de los jueces de otra sección de la Audiencia Nacional, la segunda, que el mismo martes se opuso a que se acumularan las penas cumplidas en Francia por otro recluso, Iñaki Bilbao Beaskoetxea. La nueva normativa ya ha afectado a otro caso, el de Carmen Gisasola, que fue excarcelada por orden de la sección de la AN que la condenó.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad francesas encontraron ayer un zulo de ETA en un bosque a unos 100 kilómetros al este de Toulouse. Fuentes de la lucha antiterrorista informaron de que el zulo era antiguo y estaba inutilizado. Se trata de un escondite que previsiblemente había sido usado por la banda armada, pero que solo contenía ropa y otros efectos personales. El hallazgo fue resultado de una investigación conjunta entre la Policía francesa y la Guardia Civil.