Gasteiz - La Ley estatal de Racionalización del Sector Público supone un “quebranto” del Estatuto de Autonomía del País Vasco y una “grave invasión competencial”. Así lo considera el Gobierno autonómico, por lo que ayer anunció su intención de recurrir varios artículos de esta norma ante el Tribunal Constitucional si el gabinete presidido por Mariano Rajoy no da marcha atrás.

No es la primera vez que desde Lakua se pronuncian en contra de esta ley que ya en septiembre fue denunciada por el Ejecutivo autonómico al considerar que era una intromisión en el marco competencial autonómico.

En concreto, el Gobierno Vasco es contrario a que la Base de Datos Nacional de Subvenciones sea la única válida para publicar todas las ayudas, una función que ya asume la Administración vasca. Por otro lado, en el gabinete de Urkullu no ven con buenos ojos que las notificaciones oficiales dirigidas a las personas que no hayan sido localizadas deban ser publicadas en el Boletín Oficial del Estado, cuando Euskadi dispone de su propio boletín autonómico. Por ello, califican esta actuación de “ataque frontal e injustificado” al BOPV, además de que entraña, según apuntó el portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, un “exceso” del Ejecutivo español y muestra un “desconocimiento profundo” del funcionamiento del autogobierno vasco.

Tal y como recoge la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, el Gobierno Vasco propondrá de manera previa a la interposición del recurso, negociar durante seis meses en la Comisión Bilateral entre ambas administraciones los polémicos artículos. En caso de no llegar a un acuerdo en este foro, las desavenencias que enumeró Erkoreka se trasladarán directamente al Tribunal Constitucional.La Comisión Bilateral estudia actualmente las discrepancias generadas por la ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.