El candidato a sustituir a la dimisionaria vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Mercé Pigem, Antonio Álvarez-Buylla, estuvo siendo investigado por posible delito de falsedad documental por alterar presuntamente los estatutos del Colegio de Procuradores de Madrid. Álvarez-Buylla, decano de los procuradores de Madrid, de tendencia conservadora y del que se decía que era el candidato a vocal del exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se erige en el primer sustituto a ocupar la plaza que ha dejado vacante Pigem tras dimitir después de ser sorprendida en la frontera de Andorra con 9.500 euros. El Juzgado de Instrucción número 30 de Madrid abrió una causa contra Álvarez-Buylla y el secretario del Colegio, Ramiro Reynolds, después de que la Audiencia Provincial de Madrid se lo ordenase al estimar la querella presentada por la Asociación para la Defensa del Procurador, pero la archivó un día antes de conocerse los hechos que afectaban a la magistrada propuesta por CiU. El juez Francisco Javier Teijeiro Dacal acordó “el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones” en las que estaba imputado Álvarez-Buylla “al no constar acreditada la perpetración del ilícito penal alguno”.

La querella se cimentaba en la modificación de tres artículos del proyecto de estatutos del Colegio, cuando ya había sido aprobado por la Junta General Extraordinaria del 15 de julio de 2010. En concreto, se les acusó de suprimir el artículo 8, sobre las cuotas de incorporación de los colegiados; el 39, relativo al secreto de deliberaciones de la Junta; y de alterar el 64.1, en su apartado c, para introducir una adición que habría permitido al Colegio de Procuradores obtener 16 millones de euros desde 2010, según la asociación querellante.

Francesc Homs consideró ayer que se ha cometido una “auténtica injusticia” con Pigem, y sugirió que hubo una filtración desde la Policía orientada a dañar la imagen de la magistrada. “Es alucinante que a una persona la hagan renunciar por una cuestión estética, ya que es evidente que no ha cometido ninguna irregularidad”, afirmó el portavoz del Govern en declaraciones a RAC1. El conseller de Presidència se preguntó si “es un delito” que Pigem tenga una madre en Andorra desde hace años y remarcó que ha abandonado el cargo no porque haya cometido una irregularidad, sino porque “se lo pidieron”, dado que “acababa siendo impracticable su trabajo” con la “campaña” en su contra: “Se ha cometido una auténtica injusticia”, redundó. En este sentido, Homs cuestionó “por qué determinadas cosas acaban llegando a un periódico”, y, tras apuntar que se trata de una filtración “interesada”, sugirió: “Esto lo ha hecho la policía, ¿no?”. Por su parte, la portavoz de CDC, Mercè Conesa, señaló que su partido sospecha que este asunto está relacionado con el proceso soberanista.

Además, el Govern pedirá la dimisión del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, si se demuestra que ordenó constituir una unidad secreta policial para buscar corrupción en Catalunya y desgastar así la hoja de ruta del soberanismo, como publicó ayer el diario Ara. Homs y CDC exigieron “explicaciones inmediatas” al Gobierno de Rajoy. “En un país normal y corriente un ministro debería marcharse si pasan estas cosas”, zanjó el conseller, para quien la policía no puede actuar por intereses partidistas. Los agentes “tienen que perseguir delitos, no razones de inspiración política”, zanjó.