Gasteiz - Saltó al ruedo político a finales de 2013, cuando la presidenta de Nafarroa, Yolanda Barcina, se sacó de la chistera un informe de la Guardia Civil que alertaba de que el entorno de la izquierda abertzale se estaba infiltrando en los colegios navarros a través de la enseñanza en euskera en el modelo D. Tras el hondo debate generado entonces, el PP recoge ahora la bandera que UPN ondeó casi un año atrás y planteará que los condenados por delitos de terrorismo, pese a que hayan salido de prisión tras purgar su pena, no puedan trabajar como profesores en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre, incluso entre 6 y 20 años después de haber recobrado la libertad.

Con varias enmiendas, el PP pretende tipificar esa posibilidad para incluirla en el Código Penal que actualmente está en reforma. Los populares ya han dado el primer paso y cuentan con la mayoría absoluta necesaria en el Congreso para sacar adelante su medida. Lo han hecho al incluir una corrección al esbozo del texto normativo que, si llega a tiempo -antes de las elecciones generales de otoño de 2015-, obtendrá carta de naturaleza gracias al rodillo del que hace gala el PP con su aplastante mayoría legislativa en el Congreso de los Diputados y en el Senado. El objetivo, que la formación de Mariano Rajoy ha sacado a colación en alguna ocasión durante los últimos tiempos, y especialmente por boca del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, es que los condenados por pertenencia a ETA sean inhabilitados para ejercer cualquier actividad docente y que, de esta forma, y siempre según los propios populares, ejerzan de correa de transmisión de las directrices de la organización armada.

No es esta la primera vez que docencia y política entrelazan sus caminos. Ni tampoco que el PP apunta a un reforzamiento de las leyes. Sacado a colación por Barcina y generado un fuerte encontronazo político por la supuesta confidencialidad del citado informe de la Guardia Civil sobre el que se sustentarían las acusaciones de la presidenta navarra, Fernández Díaz ya apuntó que el Gobierno de Rajoy legislaría en esa dirección.

El ministro advirtió de la posibilidad de cerrar el paso a la docencia de los expresos en la tribuna del Congreso. Corría el mes de diciembre del pasado año. Fue en el estrado donde proclamó que ETA “da instrucciones para infiltrarse entre los estudiantes vascos y navarros” en una estrategia que, a su juicio, perseguiría no solo controlar la Educación sino también realizar tareas de “adiestramiento y reclutamiento de nuevos militantes para sus fines políticos y criminales”.

Haciendo mención a un documento de la ilegalizada organización juvenil Segi y poniendo como ejemplo el caso de Gorka Loran, “maestro de Educación Primaria que fue detenido hace 10 años cuando iba a colocar 50 kilos de explosivos en la estación de Chamartín” de Madrid, Fernández Díaz remarcó que el Ejecutivo de Rajoy pondría “todos los medios a su alcance para evitar que personas que han ejercido el terrorismo puedan ejercer como educadores”. El primer paso ya está dado. Tipificado como “adiestramiento pasivo”, otro de los caballos de batalla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado ha sido el enaltecimiento del terrorismo, especialmente vía internet. Con macrorredadas como la Operación Araña aún frescas en la memoria -con la detención de 18 personas el 4 de noviembre-, el PP también se afanará en elevar las penas por estas conductas, además de incorporar subtipos agravados si se realiza a través de un medio de comunicación, internet o las nuevas tecnologías y cuando los hechos resulten idóneos para alterar la paz pública.

La enmienda presentada, además, daría mayor libertad a los jueces, que podrían acordar la destrucción, el borrado o la inutilización de cualquier clase de archivos, documentos o soporte objeto del delito. Los argumentos del PP también apuntan a combatir el terrorismo yihadista al asegurar que existen páginas web que aparentemente hacen un seguimiento de la situación de la guerra en Siria o en otros países, y que en realidad hacen apología del terrorismo o incitan a participar en los conflictos.

Traslados Por otro lado, y pese a que no será uno de los temas estrella de la cumbre anual hispano-francesa de hoy en París y se ha intentado preservar la discreción, los líderes de ambos estados, François Hollande y Mariano Rajoy analizarán la situación de medio centenar de presos de ETA que cumplen condena en las cárceles galas pero que, por efecto de la aprobación de la ley de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, podrían ser trasladados a suelo español.