Piden más medios materiales y humanos, pero también que la financiación ilegal de partidos sea delito o se reduzca el número de aforados. El coordinador de Jueces para la Democracia en Euskadi, Edmundo Rodríguez, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada y el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Luis Garrido, plantean propuestas para combatir la corrupción, un monstruo de mil cabezas que ya no cabe en los juzgados.
“Hay que revisar la atribución de competencias en urbanismo”
1 Ahora mismo tenemos instrumentos legales que permiten investigar, tenemos una plantilla sobrecargada de trabajo -hace cuatro años que no se crea una plaza de juez- y lo cierto es que, dependiendo del asunto del que se trate, la complejidad que acarrea a veces hace que sean insuficientes.
2 Hay casos que no llegan a ser juzgados porque la investigación no conduce a la necesidad de que haya una imputación y, por lo tanto, no se tienen por qué perseguir. Creo que no hay casos en que se haya producido la declaración de prescripción en un asunto importante en materia de corrupción. La complejidad en estos asuntos no viene tanto por la falta de medios, sino por la calidad de las defensas a las que recurren los imputados y, sobre todo, porque no hay una voluntad por parte de algunos compañeros de ideología de apartar de determinados puestos de importancia a sus correligionarios. Si desde la propia formación no se decide adoptar medidas drásticas de apartamiento de esas personas, eso hace que luego sea mucho más difícil.
3 Lo primero que haría sería actualizar la Ley de Enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX. En segundo lugar, haría que cada investigación se dirigiera a un solo delito de manera que no se produjeran estas inquisiciones generales que en algunos casos estamos percibiendo y que lo único que hacen es que, como cualquier elemento de investigación te conduce a otra rama, termines perdido por las ramas y nunca afrontes la imputación del asunto principal. Sería bueno reforzar a algunos juzgados que están investigando casos muy complejos, liberando de trabajo a los encargados de realizar esas investigaciones. Y, sobre todo, para perseguir la corrupción lo que hace falta es voluntad política de que quienes gobiernan decidan apartar inmediatamente a cualquier persona que sea sospechosa de haber cometido una actividad ilícita. Estaría bien que en el Código Penal se incluyera el delito de financiación ilegal de los partidos políticos y finalmente quizá habría que revisar toda la atribución de competencias en materia de urbanismo, un foco frecuente de actividades corruptas y que quizás están demasiado ligados a entidades de pequeño tamaño y, por tanto, muy influenciables.
4 Son igual de complejos que un asunto de narcotráfico importante o que determinados delitos de muy difícil acreditación. Lo que ocurre, no solo en los casos de corrupción, sino en general, cuando se tiene que perseguir a personas que tienen mucha relevancia pública y capacidad de influir es que las defensas a las que recurren son de muy elevado rigor técnico y de mucha capacidad y eso hace que cualquier paso que se dé sea siempre muy dificultoso. Tenemos un sistema procesal donde todo se puede recurrir y eso es muy garantista, pero en ocasiones dificulta que algunas investigaciones puedan realizarse con mayor celeridad.
“Hace falta despolitizar los organismos de control”
1 Claro que hacen falta recursos. No específicamente contra la corrupción, sino para el buen funcionamiento de la Justicia. Debería organizarse la Justicia de manera que de los recursos disponibles se aplicaran más en la lucha contra la corrupción. Es decir, priorizar, entre las labores de la Justicia, la lucha contra la corrupción frente a otras tareas. Pero no hay duda de que hacen falta más jueces, más fiscales y más medios. Y hacen falta también medidas no relacionadas con los medios materiales pero igualmente importantes: despolitizar de una vez los órganos de gobierno de la Justicia y la Fiscalía. Y luego, que pasen unos años hasta que esa despolitización vaya calando en el funcionamiento de las instituciones. Y algunas cosas más, como un cambio de modelo procesal, eliminar aforamientos e impulsar una cultura de compromiso social y cívico contra la corrupción.
2 No somos eficaces en la lucha jurisdiccional contra la corrupción. Las razones son complejas y están ligadas a los medios materiales, a la configuración política de la Justicia y al proceso penal vigente. En general, no solo se dilatan los procesos contra los corruptos, sino todos los procesos complejos. Eso es un defecto del modelo procesal. La politización de la Justicia es algo que no ha llovido del cielo, sino que se ha buscado durante décadas con la finalidad de que el poder político tenga tentáculos en la Justicia. Todo esto hay que arreglarlo, corregirlo, tomarse la Justicia en serio, invertir y empezar a trabajar sobre nuevas bases. Pero llevará muchos años, así que cuanto antes se empiece, mejor.
3 No hay recetas mágicas, pero hay que empezar por despolitizar los organismos de control -reguladores, supervisores y jurisdiccionales- del poder político. La transparencia en la administración y en el Parlamento. Eliminación de aforamientos, que son privilegios que dificultan extraordinariamente la persecución de las conductas delictivas. Introducir una cultura de rechazo al corrupto y establecer la protección del funcionario que las denuncia. Mejorar el proceso penal. O establecer la responsabilidad civil de los partidos por las malversaciones y perjuicios causados por los corruptos que ellos han elegido.
4 Sí, son más complicados en general. El corrupto es alguien normalmente con responsabilidades públicas, perteneciente a un partido, en posición de poder. Cuesta más, pero ese es el oficio de jueces y fiscales.
“Faltan medios periciales para desentrañar las marañas”
1 En relación con los casos muy importantes sí le faltan medios, sobre todo materiales. A lo mejor para un gran caso de corrupción, como por ejemplo el de los ERE, que es muy extendido y con muchísimas operaciones, necesitarías contar con la posibilidad de contratar una empresa auditora que te pueda ir valorando cada uno de los apuntes, de los gastos, de los ingresos, etc. Porque sin ese tipo de informes luego es muy difícil trabajar. Es verdad que suelen ser caros y ahí es donde viene el problema. Pero alguna vez se habla de falta de jueces y yo creo que es más falta de medios periciales que te ayudaran a desentrañar todas las marañas que pueda haber en algún caso de este tipo.
2 Es verdad que las instrucciones en algunos casos están siendo muy largas, muchas veces porque no tienes el medio técnico para hacer una buena auditoría. En cuanto a la prescripción, cuando un proceso se dirige contra una persona, tarde un poco más la instrucción o tarde menos, ya no puede prescribir porque se está investigando. Lo que prescribe son los procesos que no han sido iniciados. Es decir, si ahora surgen casos de algunas operaciones del año 2007 están prescritas, pero no porque ahora se tarde, sino porque ya han pasado los cinco años de la prescripción respecto de los hechos.
3 Que el Poder Judicial, aparte de poder tener algún informe policial o de Hacienda, pudiera tener acceso a realizar auditorías por empresas especializadas de esas que auditan bancos enteros y les sale hasta el último movimiento de la última tarjeta de crédito. Ya sé que suponen un coste, pero una vez que se hiciesen las auditorías y el juez de instrucción tuviera acceso a sus conclusiones, avanzaría muy rápido. Por otra parte, impedir, siempre que sea posible, que estos casos se ramifiquen hasta alcanzar dimensiones difíciles de abarcar facilitaría el juicio porque no es lo mismo tener cinco acusados que cincuenta. Un juicio con cincuenta acusados y cincuenta abogados es muy difícil de manejar.
4 En estos delitos, si están bien montados, el descubrimiento de lo que ha pasado, salvo que tengas muy buenos informes, es difícil. Es verdad también que se agotan todas las instancias. Al Tribunal Supremo se llega. Incluso si hay que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en algún caso alguno llegará. Eso puede también dilatar la cuestión. Pero yo creo que lo más complicado es llegar a descubrir el hecho porque no es lo mismo descubrir quién ha sido el autor de una determinada agresión, que solo ha sido una persona, que descubrir a lo mejor una trama de empresas con 200 implicados. Eso es mucho más complicado sin ninguna duda.
1 ¿Tiene el Poder Judicial suficientes recursos para luchar contra la corrupción? ¿Qué le haría falta?
2 ¿Qué consecuencias tiene esta falta de medios en la práctica: se dilatan los procesos, hay delitos que prescriben, etc.?
3 ¿Qué medidas concretas implantaría para combatir de forma más rápida y eficaz estos delitos de corrupción?
4 ¿Son estos casos más difíciles de perseguir por la cantidad de implicados y su capacidad de recurrir hasta la última instancia?