MADRID. El caso de Ana Mato no es el único de un miembro del Gobierno que tiene que dejar el cargo tras verse salpicado por esta investigación judicial, ya que también, aunque de forma indirecta, le costó el puesto al ministro socialista de Justicia Mariano Fernández Bermejo.

Fernández Bermejo renunció el 23 de febrero de 2009 después de que se hiciera público que había participado en una cacería sin la licencia pertinente junto al juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso.

Se daba la circunstancia añadida de que el ministro de Justicia coincidió con el magistrado de la Audiencia Nacional, con el que posó en foto, poco después de haber ordenado éste el ingreso en prisión provisional de los principales cabecillas de la trama, entre ellos Francisco Correa, quien permaneció tres años en la cárcel.

La investigación del caso Gürtel, que acumula ya más de un centenar de imputados, está dividida en una pieza principal y dos piezas separadas, una de ellas la de los famosos papeles de Bárcenas y otra la que afecta a los primeros imputados a los que el juez ha mandado a juicio.

Esta pieza se corresponde con la "primera época" del caso Gürtel, que va de 1999 a 2005, y pone fin a una parte de la instrucción que se inició hace cinco años y cinco meses y que sentará en el banquillo a 43 del centenar de imputados en esta trama de corrupción en el entorno del PP.

Con el cierre de esta pieza separada, que no es la causa principal, Ruz pone fin a la investigación de los seis primeros años de actuación de la trama y sentará en el banquillo a, entre otros, los extesoreros populares Luis Bárcenas, Ángel Sanchís y Álvaro Lapuerta; a los exalcaldes del PP como Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, y al líder de la trama, Francisco Correa.

Ana Mato ha sido citada en el auto que ha dictado hoy Ruz como "partícipe a título lucrativo" de los regalos de la red Gürtel que recibió su exmarido, lo que supone que, si bien no se la acusa de ningún delito, debe responder como responsable civil del dinero del que presuntamente se ha beneficiado.

El caso Gürtel (correa en alemán, en alusión al cerebro de banda) comenzó a instruirse en febrero de 2009 de la mano del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, un caso que le costó un año después su carrera en la judicatura al ser inhabilitado durante once años por el Supremo por las escuchas que permitió de las conversaciones entre los imputados y sus abogados cuando se encontraban en prisión.

Un mes después de que Garzón comenzara a instruir este caso, lo tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al hallar indicios de delito contra los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco, que entonces abandonaron el grupo parlamentario popular en la Asamblea, aunque conservaron su escaño.

El 30 de julio de 2009, el instructor del caso en el TSJM, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de la parte de la causa en la que se investigaba la entrega de regalos por parte de miembros de la trama a altos cargos del Gobierno valenciano, entre ellos su presidente, Francisco Camps.

El caso Gürtel también ha pasado por el Tribunal Supremo, que el 24 de junio de 2009 se declaró competente para investigar a los entonces parlamentarios del PP Luis Bárcenas (senador) y Jesús Merino (diputado) y el 18 de mayo de 2010 devolvió la causa al TSJM al haber renunciado éstos a su escaño.

Este cambio de tribunal no le pudo ir mejor a Bárcenas que, junto a su mujer Rosalía Iglesias, quedó fuera de la causa al entender el juez Pedreira que no había pruebas contra el matrimonio.

Sin embargo, el 8 de junio de 2010, el TSJM remitía de nuevo la causa a la Audiencia Nacional una vez que los tres diputados a la Asamblea de Madrid que figuraban como imputados en la causa -López Viejo, Bosch y Martín Vasco- renunciaron a su escaño poco antes de celebrarse las últimas elecciones autonómicas el 22 de mayo.

Entretanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana culminaba la celebración del primer juicio del caso Gürtel, conocido como el de "los trajes", en el que un jurado popular declaró no culpables a Francisco Camps, y al ex secretario regional del PP Ricardo Costa.

Los otros dos acusados en esta causa -el exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret- reconocieron que aceptaron "dádivas" de la trama para no sentarse en el banquillo y fueron condenados a sendas multas de 9.600 euros por cohecho pasivo impropio.

Una vez en manos del juez Pablo Ruz, la situación procesal de Bárcenas daba un vuelco el 15 de marzo de 2012 al anular la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el archivo de la causa con respecto al extesorero, que a partir de ese momento volvía a estar imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude fiscal.

Y el propio Bárcenas dio origen a otra pieza separada, que es la de sus famosos papales sobre la supuesta contabilidad B del PP.