GASTEIZ. Entre ellas figuran el que fuera ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, Rodolfo Martin Villa; Alfonso Osorio García, vicepresidente del Gobierno (1976-77), y el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana, a quienes se les considera responsables de la muerte de cinco trabajadores durante una carga policial para disolver una asamblea de obreros en Gasteiz en 1976.

La moción, que sido presentada de manera conjunta por PNV, PSE-EE y EH Bildu, ha sido debatida y aprobada en un pleno extraordinario. El PP, que gobierna el consistorio, se ha abstenido.

Interpol Argentina pidió a principios de este mes a España la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 acusados en la causa abierta en ese país contra los crímenes del franquismo impulsada por Servini, así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional.

Estas órdenes fueron bloqueadas a petición de España por lo que no están vigentes y la única opción para la jueza es trasladar al Gobierno una solicitad formal de extradición por parte de Argentina.

En la moción aprobada hoy, el Ayuntamiento de Gasteiz también reprueba todas las declaraciones que "justifiquen y avalen la actuación criminal cometida" el 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. En la justificación de la resolución se cita las recientes declaraciones hechas por el parlamentario del PP vitoriano y Secretario de Justicia, Derechos y Libertades de esta formación, Iñaki Oyarzábal.

El dirigente popular aseguró en una entrevista que esa carga fue un "exceso" de una policía que se vio acorralada. Días después Oyarzábal se reunión con el portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo, Andoni Txasko, para mostrar su "pesar" por esas palabras que, según argumentó, se "entresacaron de manera desacertada" y no reflejaron en "absoluto" lo que pretendía decir.

Además ofreció la disposición del PP vasco a intermediar ante el Ministerio del Interior para lograr una "mayor reparación" a los familiares de los cinco trabajadores.

La argumentación de la moción recuerda que el informe elaborado por la policía en aquel momento "en base a mentiras interesadas" para "amparar" a los "responsables de aquella criminal actuación" es la "base argumental esgrimida" por el actual Gobierno de España para "negar el carácter terrorista de la actuación" y "denegar" a estas víctimas su inclusión en las Leyes de Solidaridad a las Víctimas del Terrorismo de 1999 y en la más reciente Ley Integral de Víctimas.