SEVILLA - La juez Mercedes Alaya ha desmantelado una red criminal que se encargaba de amañar contratos públicos de mantenimiento de parques y jardines de administraciones de todo tipo. En dicha macrorredada anticorrupción se han detenido a 32 personas, entre los que hay técnicos, empleados públicos y políticos. La mayoría de los arrestos, 22, se han realizado en Andalucía, principalmente en Sevilla.
La operación con la que se ha descubierto el entramado proviene de la tercera fase de la operación Madeja, que deriva de otra investigación contra la corrupción, el caso Mercasevilla, del que, a su vez, surgió el asunto de los ERE de Andalucía. Estas son las claves de la nueva actuación policial, que recibe en su tercera fase el nombre de operación Enredadera porque se centra en trabajos y adjudicaciones relacionadas con la jardinería.
Las principales empresas implicadas son Fitonovo y Fiverde. La Guardia Civil, encargada de la investigación, les atribuye la creación de una estructura de contactos con funcionarios y empleados públicos corruptos que supuestamente facilitaban la adjudicación de esos servicios de jardinería a cambio de comisiones.
A los implicados se les atribuyen delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la administración pública, alteración de precio en concurso y subasta pública, falsedad en documento mercantil o delitos contra la hacienda pública.
Los registros se desarrollan en Sevilla, con 10 detenidos, Córdoba con 4, Jaén con 3, Huelva con 3, Cádiz con 1, Granada con 1, Badajoz con 2, Madrid con 2, Valencia con 1, Zaragoza con 1, Barcelona con 1, Lanzarote con 1 y Las Palmas de Gran Canaria con 1.
Responsabilidades Además de las detenciones, la juez Mercedes Alaya ha citado en el juzgado a a los empresarios de Fitonovo, José Antonio González Baró y Rafael González Palomo, y al administrador de Fiverde, Ángel Manuel Macedo, para ampliarles la imputación, a la vez que estos se han negado a declarar. Por otro lado, la Fiscalía de Sevilla ha solicitado para los tres, actualmente en libertad, una fianza de responsabilidad civil que suma 3,5 millones: González Palomo, dos millones, González Baró, un millón, y Macedo con 0,5 millones.
Los detenidos son principalmente técnicos de diferentes administraciones, aunque hay tres cargos públicos: el teniente de alcalde de La Carolina (Jaén), Cristóbal Pérez; el jefe de área de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, Sergio Machín -ya en libertad-, y el actual vocal de la empresa pública Lipasam del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Miguel Ruiz Carmona.
En Huelva, también hay tres técnicos arrestados, dos de Fomento y un tercero de la Dirección General de Carreteras de la Junta de Andalucía. El implicado de Badajoz es funcionario de la Consejería de Fomento. En Madrid hay dos empresarios de Fitonovo y Fiverde, y en Canarias, además del portavoz de Coalición Canaria, un representante de la empresa Fitonovo en Gran Canaria.
Hilo de corrupción La investigación arrancó del caso Mercasevilla, una trama de venta de suelos con un concurso amañado. De esas pesquisas se derivó otra investigación por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obras que desembocó en julio de 2013 en la detención del abogado Domingo Enrique Castaño, asesor del exalcalde socialista de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín. La Guardia Civil también arrestó entonces a la esposa de Castaño, Ana Vaquero, y a dos empresarios de las compañías Fitonovo y Fiverde, supuestamente beneficiadas por Castaño cuando era director de Vía Pública en el Ayuntamiento de Sevilla entre los años 2003 y 2007.
La magistrada declaró la operación Madeja secreta y envió a prisión a Castaño por supuesto cohecho, blanqueo de capitales, fraude, prevaricación y exacciones ilegales. El exasesor fue puesto en libertad en agosto de 2013 tras pagar 60.000 euros de fianza. El empresario de Fitonovo Rafael González, detenido en la operación, declaró que había entregado un sobre con 30.000 euros a Domingo Enrique Castaño, el ex alto cargo del Ayuntamiento de Sevilla.
Corrupción en Andalucía y Canarias. El empresario de Fitonovo, Rafael González, admitió ante la juez la entrega de regalos políticos y funcionarios de diversos Ayuntamientos en Andalucía a cambio de contratos de obra y mostraba así hilos de corrupción y sobornos en al menos cuatro provincias andaluzas y canarias.
El patrimonio del exasesor del PSOE, Domingo Castaño, se incrementó de forma injustificada 303.458 euros debido a las dádivas.
