Madrid - Hasta cuatro jueces rechazaron ayer tomar medidas cautelares para suspender la votación por considerar que retirar las urnas sería una medida desproporcionada, y que el Tribunal Constitucional tampoco ha pedido el auxilio de nadie para hacer cumplir su orden de suspensión. Sin embargo, sí admitieron a trámite unas demandas que ponían el foco en la eventual desobediencia del Govern. Lo que tampoco hicieron los jueces fue tomar represalias contra los ciudadanos que tomaron parte en la jornada. El foco parece centrarse en las responsabilidades en las que podría haber incurrido el president Mas, aunque podría tratarse de un mero trámite de aceptación de unas demandas que fueron interpuestas por particulares o, incluso, grupos xenófobos. En sus informes a los juzgados, también la Fiscalía se opuso a retirar urnas.

El juez de guardia de Barcelona rechazó tomar las medidas cautelares que le había pedido UPyD porque “no guardan proporcionalidad y no aparecen de momento razones de urgencia o relativas al orden público que justifiquen su adopción”. Además, como UPyD denunciaba al president y a los consellers de Enseñanza e Interior, al ser aforados les correspondía ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia catalán, y no por un juzgado de Barcelona. UPyD pedía también cerrar los edificios públicos implicados, incautar odo el material y detener a los responsables, en referencia a los voluntarios que se negaran a ser identificados. El juez admitió también dos denuncias, una de Plataforma por Catalunya y otra de un concejal del PP de Esplugues, e incoó diligencias para comprobar si hay delito. Cree que puede haber desobediencia, prevaricación y malversación en el caso del Govern, pero exonera a los ciudadanos.

El juzgado de Badalona recibió una denuncia de un particular, pero la rechazó porque no estaba firmada. En Tarragona, se recibieron otras dos denuncias que pedían retirar las urnas, pero el juez no accedió. Sin embargo, sí instó a los Mossos a identificar los locales públicos y a las personas que autorizaron su uso. La Fiscalía catalana pidió lo mismo el sábado, pero esa medida quedó desactivada cuando el Govern asumió todas las responsabilidades y libró a los voluntarios. Por ello, los Mossos no pidieron identificaciones ayer. El juez de Mollet del Vallès sobreseyó la causa.