El relator especial, Pablo de Greiff reconoce que hay mucha información sobre el periodo franquista, si bien “está sumamente dispersa”. Constata que “no existen censos oficiales de víctimas ni datos oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, mientras persisten “temas subexplorados”, como los trabajos forzosos, niños robados, la represión o la implicación de empresas privadas “en la comisión de violaciones de los derechos humanos”. Pese a alabar el trabajo que realizan asociaciones y fundaciones, De Greiff centra sus lamentos en que la Ley de Transparencia 19/2013 “no haya sido la oportunidad para abordar los vacíos legales” para acceder a los archivos y fondos documentales, así como a la documentación que, “invocando riesgos para la seguridad nacional” sigan clasificados. Sobre las exhumaciones, a cuenta de las asociaciones y las familias en muchos casos, el relator especial denuncia que “la privatización también alimenta la indiferencia de las instituciones del Estado”, a quienes reclama una mayor implicación.
