Hay en Catalunya un anhelo por votar que no se satisface con las elecciones autonómicas, las municipales o las generales. Los catalanes quieren votar sobre sí mismos. No sobre quién les gobierne, que también, pero más adelante; sino sobre lo que consideran de sí como colectivo ciudadano, como identidad sociocultural, como proyecto político y nación. Este fenómeno, cuando se plantea en términos democráticos, merece un respeto que no se le ha dado. Ni este Gobierno ni el que le precedió, convencido de que la demanda nacional catalana se solventaba con unos capotazos, cepillando al toro los pitones del Estatut. Gobernar no es ampararse en una legalidad utilizada para acorazar el statu quo pero es todo lo que cabe esperar de este Gobierno que agoniza porque ha faltado tanto al respeto de los ciudadanos con su acción política unilateral que ha dilapidado su mayoría absoluta en tres años.
Mañana llega el 9-N y los catalanes están invitados a votar en un formato también cepillado. No es un referéndum, lo que le resta valor jurídico. No es una consulta, lo que limita su capacidad legitimadora. Es un proceso participativo que responde al deseo de votar y satisface el de desafiar.
Mañana puede desarrollarse otra fiesta reivindicativa como las celebradas en las últimas diadas. Una representación de la movilización social que satisface a medias a los partidarios del doble sí -estructuras de Estado para Catalunya e independencia- porque el valor legitimador del auténtico referéndum sigue pendiente; incomodará en muchos del sí-no -estructuras de Estado sin independencia- porque la polarización les ha dejado en tierra de nadie; y evitará a los del no -ni una cosa ni la otra- los costes de hacer visible su dimensión, minoritaria a tenor de la representación que ostentan a través de sus partidos.
Los prolegómenos han sido puro esgrima de salón. Amenaza y finta sin sangre. Lo absurdo es que haya hecho falta llegar al momento de la verdad para que el sentido común imponga la conveniencia de no quitar las defensas a los sables. Porque, ahora, el grado de ruptura política e institucional ha calado ya profundamente. Se han puesto en cuestión por parte del Gobierno español las capacidades del modelo de estado para canalizar hacia el acuerdo la discrepancia política. La herida es tan profunda que requiere transitar hacia otro más útil. El Govern catalán ha utilizado requiebros de todo tipo para poder visibilizar una cita con las urnas que no es, ni de lejos, el proceso de legitimación social que debió ser pero que, por iconografiada, se ha convertido en una necesidad del propio Govern por sí misma más que por sus consecuencias reales. Rajoy, ha puesto en evidencia la debilidad de las instituciones españolas en su vigente configuración, sometiendo a los tribunales que deben ser garantes de la actividad democrática al desdoro de ejercer de arietes de sus intereses políticos. Preocupante viniendo de un Gobierno heredero de otro -Rajoy era su número dos- que quiso encarcelar al lehendakari Ibarretxe por consultar a los vascos. Y Mas ha bordeado la legalidad hasta un punto en el que el ciudadano tiene difícil distinguir dónde queda el límite de la desobediencia, en primera persona, respecto de las normas comunes que cada cual pueda considerar ajenas a sus intereses.
Casi lo único que cabe celebrar a 24 horas del proceso participativo catalán es que parece descartada la amenaza de intervención durante una jornada en la que centenares de miles de catalanes ocuparán las calles de su país para sumarse a ella. Sólo hubiera faltado la estupidez irresponsable de pretender una iniciativa de fuerza, de raíz judicial o administrativa, para poner freno al evento en los mismos colegios. Pero parece que las amenazas se concentran sobre las consecuencias judiciales para los promotores, lo que abre otro espacio pantanoso, pero no en provocar una confrontación social.
Así que, después de la fiesta, todos están citados para el lunes 10. Los promotores se juegan la reválida de la participación, que le sumará o restará valor al pulso. Y los representantes institucionales catalanes y españoles el de conducir una situación que no quedará resuelta mañana, sea cual sea el resultado. Los legítimos anhelos de Catalunya -aquí pueden poner también Euskadi- sean mayoritariamente federalistas, independentistas o autonomistas, requieren de un procedimiento legal homologable y legitimador; y lo de mañana no lo es. Por eso Artur Mas tiene la obligación de asentar ese proceso dándole visos de viabilidad y no de aventura. Por su parte, Mariano Rajoy debe encarar la realidad y canalizar en términos democráticos una discrepancia de base para la que el ordenamiento jurídico y la estructura legal constituyente del actual Estado español no ha sido capaz de dar respuestas. Ni en Catalunya, ni en Euskadi. Si no es capaz de dirigir su transición, que se quite de en medio.
