La concesión del tercer grado al exministro Jaume Matas se ha convertido en un quebradero de cabeza para el PP. La decisión llegó en una semana marcada por los presuntos casos de corrupción que salpicarían a los populares y, sobre todo, por la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas a empresas en la Operación Púnica. Esa excarcelación del expresident balear para gozar de un permiso de fin de semana cuando no había cumplido más que tres meses de condena dañó severamente la estrategia del Gobierno español, que trataba de minimizar las acusaciones de corrupción remitiendo a las medidas contra esa lacra que aprobaría en el futuro. La oposición ya ha puesto en duda su voluntad regeneradora cuando, a su juicio, ha concedido un indulto encubierto. En concreto, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, le concedió un tercer grado que implica que solo deba volver a la cárcel al anochecer y que goce de permisos de fin de semana, todo ello porque, según Instituciones Penitenciarias, ya ha cumplido un tercio de la condena de nueve meses y tiene buen comportamiento. Lo que se supo después es que el informe de la prisión de Segovia no era partidario del tercer grado, sino del segundo. Ayer mismo, la Fiscalía de Valladolid presentó ante el juzgado de Vigilancia Penitenciaria, de quien depende la prisión de Segovia, un recurso en el que se pide revocar el tercer grado concedido al exministro y expresidente balear y que se le aplique el segundo grado, que también permite acogerse a permisos, pero con menor flexibilidad.

El fiscal presenta el recurso con los informes y documentación elaborada hasta ahora para justificar la decisión administrativa adoptada: acuerdo mayoritario de la Junta de Tratamiento y votos particulares, protocolo de clasificación de la Junta de Tratamiento, informes sobre el interno y acuerdo de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias. El juez dará traslado del contenido del recurso a Jaume Matas en el plazo de 5 días hábiles con el fin de que el interno pueda presentar las alegaciones que considere oportunas. El juez resolverá sobre el grado que hay que aplicar en un auto que podría ser notificado a partir del 17 de noviembre. Contra la decisión del juez cabe recurso de reforma -presentado ante el mismo juez de Vigilancia Penitenciaria en el plazo de 3 días- o recurso de Apelación -ante la Audiencia de Palma de Mallorca que es quien juzgó al expresidente-. Los internos a los que se ha concedido el segundo grado viven en el centro penitenciario y, aunque no es un derecho, pueden beneficiarse de 36 días de permiso al año, con un máximo de 7 días seguidos.

Por el contrario los internos de tercer grado, pueden dormir durante los fines de semana en su domicilio y, entre semana, si son personas contratadas, pueden salir a trabajar y duermen en el Centro de Inserción Social -distinto de la prisión-; tienen 48 días de permiso y, aunque no es un derecho, suelen concederse. Estos internos pueden obtener también el beneficio de dormir en su domicilio y son controlados desde el centro penitenciario por medios electrónicos.

Matas ingresó el pasado 28 de agosto en el Centro Penitenciario de Segovia para cumplir una pena de nueve meses de cárcel por tráfico de influencias por el caso Palma Arena. El pasado viernes abandonó la cárcel para pasar el fin de semana en su casa después de que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias accediera a concederle el tercer grado. Según publicaba ayer El Mundo, la Junta Penitenciaria desaconsejó el tercer grado por cinco votos a tres al considerar que Matas es “un buen preso pero un mal ciudadano”.

CCOO acusó ayer al secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, de dar un trato de favor a Matas porque en la reunión de la Junta de Tratamiento de la prisión el equipo directivo, formado por tres cargos de libre designación, “votó a favor del tercer grado, y todos los demás profesionales votaron en contra”. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su parte, defendió la decisión porque las instituciones “solo han aplicado la ley” y que, según esas normas, si no hay unanimidad en la junta de tratamiento que estudia el caso, el secretario general de Instituciones Penitenciarias debe resolver cómo se clasifica el preso. Según dijo, el propio Yuste le ha explicado los fundamentos de su decisión. “Tengo plena confianza en él”, zanjó. El propio Yuste pidió comparecer con carácter urgente en el Congreso para explicar su postura.

Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dado tres días de plazo al Partido Popular para que le entregue las actas de los órganos de dirección de la formación de 2004 para comprobar si en estas reuniones se trató la compra de acciones de Libertad Digital, en la que presuntamente se habrían utilizado 446.100 euros de la caja B de la formación. El magistrado solicita a los populares que aporten las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Nacional, el Comité de Dirección y la Junta Directiva Nacional a fin de conocer si existe “documentada referencia” al proceso de ampliación de capital investigado. Ruz ha realizado esta petición después de que el 28 de octubre el exministro Ángel Acebes negara haber ordenado la compra de acciones argumentando que su área era “política y no económica”. - DNA/Efe