barcelona - A 48 horas de que la ebullición del 9-N quede concretada, el foco de una jornada histórica, con independencia de lo que suceda, está colocado en cuál será la postura que adoptarán los Mossos d’Esquadra. Mientras desde Madrid el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está convencido de que la Policía catalana, que tiene la competencia de orden público en Catalunya, hará cumplir la ley y, por tanto, impedirá que el Govern celebre la consulta -con el nombre que sea-; el conseller de Interior, Ramon Espadaler, le replicó que los agentes “no atenderán a aquello que el ministro exprese porque están para servir a los ciudadanos”, pero admitió que los Mossos se deben a lo que digan “los tribunales, los jueces o el fiscal”. Es decir, la Generalitat descarta que vaya a producirse la fotografía de la Policía catalana quitando urnas e impidiendo la jornada; si bien, “en el caso extremo” de que hubiera una orden de jueces o fiscales para retirar las que se instalen la atenderán, “como no puede ser de otra manera”, cumpliendo “con la legalidad” y, eso sí, “con respeto al principio de congruencia, proporcionalidad y oportunidad”.
Fernández Díaz advirtió al Ejecutivo catalán de que no caben “juegos florales” para intentar distinguir entre “ley española y ley catalana”, pero Espadaler no está dispuesto a mezclar a los Mossos en un problema político, de ahí que el objetivo de los agentes se centrará en velar por la seguridad de los ciudadanos y en cumplimentar los requerimientos de los jueces y la Fiscalía. Para el ministro español, “la ley es la ley” -recalcó en declaraciones a Onda Cero- y “el Tribunal Constitucional es quien decide si se ajusta a la Constitución”. Paralelamente, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller se mostró seguro de que el 9-N demostrará el civismo de la ciudadanía pero señaló la necesidad de estar atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas, en cuanto a lo que puedan decidir los tribunales -ayer el Tribunal Supremo se negó a rechazar el recurso del Gobierno de Rajoy- y lo que pueda aprobar hoy el Consejo de Ministros, para determinar el devenir de la actuación concreta de la Policía catalana.
más policía española El dispositivo de los Mossos estará compuesto por 6.992 agentes, 4.756 más de lo habitual para una cita dominical cualquiera, al tiempo que se ha constatado que el número de miembros del cuerpo español de policía es el mayor en territorio catalán desde hace años. “En los últimos años tienen más de los que tenían”, apostilló Espadaler. Preguntado sobre si los preparativos del dispositivo policial son una muestra de que la Generalitat sigue liderando la organización del proceso participativo, reseñó que “la Conselleria de Interior no organiza nada respecto al 9-N” y solo actúa ante la previsible movilización ciudadana como lo haría ante una final futbolística, un Gran Premio de Fórmula 1, el 11 de septiembre o el 12 de octubre. En este contexto, los Mossos reclaman que no se les convierta en “protagonistas”, aunque, como afirmó el secretario general del Sindicato de Mandos, Jordi Dalmau, “tendremos que hacer lo que nos manden”. En declaraciones a RAC1, el sindicalista recordó a Fernández Díaz que “policialmente, las opiniones que nos interesan son las del conseller de Interior [por Espadaler]”, que es el encargado de transmitir las órdenes. En este sentido, destacó que el 9-N todos los agentes en activo “tendrán órdenes claras y concretas de lo que deben hacer” y que en todas las comisarías habrá su mando, que será el encargado de darlas y transmitirlas. Dichos mandos deben “decidir en última instancia qué se debe hacer o dejar de hacer, asumiendo toda la responsabilidad”. Fernández Díaz reiteró el argumento del Ejecutivo español de que “tiene el deber de creer que Artur Mas y el Govern “no van a desobedecer el mandato reiterado y claro” del Tribunal Constitucional suspendiendo todas las acciones que tengan como fin realizar la consulta alternativa, porque “lo otro sería gravísimo”. Aclaró que “si eso lo hace un ente privado es otra cosa, porque la decisión del Constitucional afecta a los poderes públicos”. En esta misma sintonía se pronunció el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntando que si el Govern “no promueve” las actuaciones necesarias para poner las urnas en las sedes de la Generalitat y que la consulta se celebre bajo su paraguas “no parece necesario requerir” a los jueces que lo impidan, dado que no se produciría “una infracción del ordenamiento jurídico”. Para ello, puso como ejemplo que cada día se producen “movimientos populares”, como recogidas de firmas, que son completamente legales y suponen un “ejercicio de la libertad de expresión”.
reunión clave En este sentido, hoy, y por cuarta vez, se reunirá el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, que agrupa a partidos, instituciones y entidades, para debatir si el 9-N debe seguir pilotándolo el Govern o la delega totalmente en entidades de la sociedad civil como la ANC y Òmnium.
