Una reforma aún incierta

Es el caso del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo, quien afirma a este periódico que la revisión de la Carta Magna “es la asignatura pendiente de la sociedad española”. Cree además que es necesaria, ya que “mientras no se apruebe, estaremos condenados a que esto se hunda en algún momento, a un proceso de implosión, que es a lo que nos estamos aproximando”, apunta en referencia a la situación en Catalunya, que según él “va tomando unas dimensiones enormes”.

Con esta opinión coincide el profesor de Ciencia Política de la UPV/EHU Mario Zubiaga, que señala que “la Transición del año 78 fue muy limitada, y ya en ese momento no respondía, en lo que respecta a la estructura territorial del Estado, a cuál era la situación real de la nación catalana y la nación vasca”. El catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU Juanjo Álvarez agrega que “de lo que se está hablando es de modificar el título octavo de la Constitución, de la cuestión clave, inacabada y no abordada seriamente en el 78, que es la distribución territorial del poder político en el Estado español”.

Además de esta herencia inconclusa de la Transición, Javier Pérez Royo insiste en que, más allá de cuestiones como “la monarquía o la construcción europea”, la urgencia viene dada por “la cuestión territorial”. “Es que desde la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña -abunda- estamos sin Constitución. Seguimos teniendo la misma, con los mismos Estatutos, pero ni en Cataluña ni en el País Vasco se aceptan. Y si no tienes resuelto el problema catalán y el vasco, no tienes resuelto el problema territorial”. Mario Zubiaga tiene claro cómo acometer una reforma que califica de “inevitable”, y así considera que “sería beneficioso que se hiciera después de una consulta” en Catalunya. Ello “definiría mucho más claramente el espacio de juego y obligaría a que esa reforma constitucional recogiera de facto un derecho que se ha ejercido ya, que es el derecho a decidir”. Agrega que, toda vez que “la mayoría del PP no responde al electorado real en España”, este planteamiento tendría que aplicarse “con una convocatoria de elecciones constituyentes y la composición de unas Cortes que encararan una reforma al nivel de la propia elaboración de la Constitución en el 78”.

Juanjo Álvarez también apela a un “sentido constituyente” de las próximas elecciones generales, donde los distintos partidos “hablen del modelo de país que van a proponer” y en las que “se tiene que retratar cada uno, también desde la periferia”, en referencia a las comunidades autónomas. De hecho, defiende que “Euskadi o Cataluña pueden plantear, previo debate interno, una propuesta de reforma”.

Cultura del pacto Las formaciones políticas difieren totalmente respecto a cómo acometer esta cuestión. Mientras el nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha dejado de reivindicar una “reforma federal de la Constitución” para solucionar materias tan diversas como el encaje de Catalunya, la sanidad o la educación, UPyD defiende un giro centralista que acabe con el Estado de las autonomías. En el pleno de Política General del Parlamento Vasco, el lehendakari Iñigo Urkullu abogó por “facilitar la adecuación de la Constitución” en aras del “reconocimiento de Euskadi como nación”; por su parte, el portavoz de EH Bildu, Hasier Arraiz, reclamó una “ruptura exquisitamente democrática” con el Estado tras la “crisis de la reforma franquista”. Respecto al PP, “incluso Rajoy no dice que no sea necesaria, sino que no es su prioridad”, apunta Juanjo Álvarez.

En este contexto, el propio Álvarez opina que el “gran problema” es que “todo el mundo es consciente de que no basta con tocar un artículo o dos, hace falta un análisis en profundidad y no hay en la política española el sosiego necesario para hacerlo: se miran unos a otros, piensan en corto, se habla de deslealtades, del separatismo como algo demonizable... No hay normalidad desde el punto de vista democrático para hablar con calma de todo esto”. Pese a que “puede pensarse que el contexto es el menos apropiado”, debido a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la consulta soberanista en Catalunya, el catedrático está convencido de que “alguien debería plantear esta cuestión con la calma necesaria para abordarla”.

En cuanto a las posibilidades reales de dar este paso, Pérez Royo se muestra pesimista y considera que “es imprescindible, pero imposible”. Ello obedece a que, a su juicio, “la reforma en España no se hace sin que el PP esté convencido de que hay que hacerla. Tiene que liderarla conjuntamente con el PSOE y, entre los dos, arrastrar a los demás”. Un escenario que se antoja harto improbable dado el rechazo de los populares a abrir el melón constitucional y a la “situación de debilidad” del PSOE. “Hay que proponer cosas y creo que la reforma federal de la Constitución se abrirá paso en algún momento. Pero por ahora, y abanderada solo por el PSOE, no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de ser tomada en consideración”, añade.

De producirse ese consenso político, al menos entre los dos grandes partidos estatales, la reforma constitucional sería “relativamente sencilla” desde el punto de vista jurídico, según Álvarez. “Esto no es cambiar monarquía por república, no haría falta una disolución de las Cortes Generales”, valora. Eso sí, añade que “hace falta algo que, por desgracia, falta en el país, que es cultura política del pacto. Están ubicando la centralidad en la radicalidad, y eso es el antiejemplo del espíritu tan sacralizado de la Constitución. Hace falta un trabajo serio, una voluntad política y consenso, y eso exige ceder todos, no solo el que tiene mayoría absoluta, también el que se cree en posesión de la verdad absoluta cuando a lo mejor no la tiene”.

Las anteriores ocasiones en que se ha modificado la Constitución no sirven de referencia, según Pérez Royo. A este respecto, asevera que “las dos que se han hecho no han sido reformas, sino exigencias de la Unión Europea, una por el Tratado de Maastricht y la otra porque nos pusieron la pistola en el cuello [cuando en 2011 se modificó el artículo 135 de la Carta Magna, incorporando el concepto de estabilidad presupuestaria]. Eso fue un decreto ley, no una reforma de la Constitución. Reforma de verdad es que nazca en España y que sean las Cortes Generales las que la organicen”.

En el caso de que se abriera esta vía, Mario Zubiaga se anima a establecer el techo a la reforma que considera “razonable si lo que se quiere es responder a la demanda real de las naciones sin Estado en este momento en España”. Según su opinión, “si el sistema político español quiere ser viable en los próximos 25-30 años, tiene que reconocer la plurinacionalidad del Estado, y además encarar una reforma de la estructura territorial que no solo sea federal, ni mucho menos federal igualitaria”. Aboga, por tanto, por un modelo en el que Euskadi y Catalunya “ya serían naciones porque habría un reconocimiento” explícito de ese carácter plurinacional del Estado.

Los tres analistas coinciden en descartar una reforma constitucional en lo que resta de legislatura debido a la proximidad de las citas electorales de 2015. “Primero hay que salir de Cataluña, ya veremos qué pasa el día 9. Y luego a partir de enero hay que elaborar las candidaturas, todos los partidos están en eso. Ya no se puede hacer nada, la legislatura está vencida”, ’sentencia Pérez Royo.