Madrid - El fiscal sospecha que Oleguer Pujol, hijo menor del expresidente de Catalunya, Jordi Pujol, cometió delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales mediante un entramado de 39 empresas en el que supuestamente estarían implicados otros 25 denunciados, entre ellos su socio Luis Iglesias.

Estas son algunas de las conclusiones de la denuncia presentada por la Fiscalía en la Audiencia Nacional, que instruye el juez Santiago Pedraz, donde que explica que el cálculo de los posibles fraudes cometidos por este grupo de personas y empresas se dificulta por la existencia de un entramado empresarial domiciliado, parte en el extranjero y parte en España, así como por el manejo de capitales que tienen su origen o destino en “paraísos fiscales”.

Relata que de informes policiales se concluye que hay una serie de operaciones inmobiliarias sospechosas realizadas, entre otros, por Oleguer Pujol Ferrusola, utilizando un entramado societario domiciliado en España y en el extranjero que pudieran ser constitutivas de blanqueo de capitales.

En concreto relaciona compras de inmuebles propiedad del Banco de Santander, a Bankia, a Prisa División Inmobiliaria, de fincas en Melilla, a Costa Canaria SA, del edificio de la Abogacía y la compraventa de participaciones de la sociedad New Positively 21 SL por parte de Bmd Toussaintkade 48 den Haag B.V.

Según el fiscal, en estos hechos participaron diversas mercantiles que tienen en común su opacidad y en algunos casos su domiciliación en territorios no cooperantes como los denominados “paraísos fiscales”, así como la presencia de Oleguer Pujol. Explica que el origen del dinero no puede determinarse merced a la interposición de sucesivas sociedades y operaciones que lo difuminan.

La Fiscalía ha detectado las referidas mercantiles, además de en España, en Guernsey (una isla de la Corona británica en el canal de la Mancha), Holanda, Reino Unido y Luxemburgo. Añade que el beneficio obtenido de cada una de las operativas inmobiliarias descritas ha ido destinándose a lo largo de los años a diferentes finalidades aún por determinar pero que han obligado a los denunciados a su afloramiento a la economía legal.

De todas formas estima necesaria la utilización de medidas de investigación judicial para conocer mejor el funcionamiento de la red. - Efe