barcelona - Artur Mas mantiene los preparativos del 9-N, insta a los servicios jurídicos de la Generalitat a emprender acciones legales contra el Gobierno español para “proteger” sus competencias en materia de participación ciudadana y se reserva la opción de pedir que se convoque con urgencia el Pacte Nacional del Dret a Decidir la próxima semana para “amparar el proceso” de forma consensuada. A estas tres medidas se aferró el president como reacción a la impugnación de la consulta alternativa por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Dispuesto a “completar el operativo” del proceso participativo porque “está todo preparado” y solo restan aspectos que no detalló, el líder de CiU se dispone a hacer frente al “abuso de poder” de Madrid, que “quiere parar lo que ya ni puede”, dijo Mas, aunque no respondió directamente a la pregunta de si podrá garantizar la existencia de urnas pese a no sentirse “aludido” por el nuevo recurso al Tribunal Constitucional (TC).

Mas acusó al Gabinete del PP de “cruzar la línea del ridículo” al haber pasado de “hacer broma y escarnio” con el referendo alternativo a “presentar un nuevo recurso ante el TC”. “Si tan grave era, ¿por qué no lo presentaron cuando expliqué lo que íbamos a hacer?”, se preguntó. Convencido de que “los asuntos políticos deben resolverse desde la acción política”, consideró el president como un acto de “cinismo” acusar a la consulta de no tener “garantías democráticas” cuando es, a su juicio, el Gobierno español el que está haciendo todo lo posible para que el proceso no las tenga. A su entender, es la “recuperación del consenso” del llamado bloque proconsulta y las perspectivas de una alta participación, amén de lo acontecido en la capital del Estado en estas últimas semanas con los casos de corrupción lo que ha provocado otra vez la actitud beligerante del Ejecutivo de Rajoy, que horas antes había fundamentado su recurso para la impugnación y la suspensión inmediata de todos los actos de la consulta ya realizados, “y de aquellos que vengan por delante”, en que se trata de un proceder con “las características propias de un referendo” y que el Govern carece de competencias para ello.

El Gobierno español entiende que la voluntad de realizar ese proceso participativo es definitiva y que la Generalitat realiza actuaciones por vías diferentes para celebrarlo. “Es de especial relevancia la información difundida a través de la página web oficial de la Generalitat creada al efecto -www.participa2014.cat-, la apertura de un período de deliberación participativa o el despliegue de una infraestructura para efectuar la consulta, entre otras”, explican desde Madrid, señalando que los argumentos que motivan este paso son idénticos a los que llevaron a la suspensión de la inicial. Por un lado, que se trata de facto de un referendo y que el Gabinete de Artur Mas no tiene competencias para organizarlo, “vulnerándose así los artículos 23, 81, 92, 149.1.32º y 168” de la Constitución española. “En la documentación oficial sobre la convocatoria se alude reiteradamente al ejercicio del voto. Por tanto, se aluda bien a participación ciudadana, consulta, consulta no referendaria o a cualquier otra denominación, lo cierto es que, con independencia de la terminología, se someten unas preguntas a los ciudadanos, es decir, al cuerpo electoral, al que se agrega a otros residentes en Cataluña, para que las contesten mediante el ejercicio del voto, es decir, mediante la expresión pública o secreta de una preferencia ante una opción”, expone el Gobierno español. Y añade que las interrogantes que se pretenden formular a los ciudadanos son “exactamente las mismas” que las planteadas para la consulta original. “Atentan igualmente frente a la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español, y frente a indisoluble unidad de la Nación española, en los términos que resultan de los artículos 1.2 y 2 de la propia Constitución”, desbroza el Ejecutivo de Rajoy.

Confirmó la impugnación la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros, justificando la decisión en base al informe del Consejo de Estado, que por unanimidad refleja que la nueva consulta es claramente inconstitucional e incluso peor que la inicialmente planteada por el Govern, al carecer de garantías democráticas. El Gobierno español solicita la suspensión de cualquier actuación porque este procedimiento “no tiene cabida” en las leyes y para “defender la democracia frente a una perversión de los mismos derechos”, así como a los funcionarios implicados en el procedimiento participativo. La dirigente del PP resumió el paso emprendido en el hecho de que el proceso es “contrario a la ley y a los derechos de los catalanes” con el añadido de que “quien lo organiza no quiere asumir ninguna responsabilidad ni quiere firmar nada” y decide depositar en los ciudadanos dicha responsabilidad a título personal. Aunque a Sáenz de Santamaría no le quedó otra que admitir que no existe un decreto de convocatoria, fue especialmente crítica con Mas por querer situar a los catalanes y, especialmente, a los funcionarios, “a la intemperie legal”. “En esencial [ésta y la anterior consulta] serían lo mismo”, ya que está convocada para la misma fecha, la misma pregunta, mismas papeletas y mismas urnas; además de no contar con ninguna administración electoral que la respalde y estar pilotada por “quienes defienden un resultado concreto”, valoró. Para Madrid, tirar de voluntarios -“¿Van a impugnar a 40.000?, había cuestionado Mas-, lejos de descafeinar el proceso eleva su gravedad, a la vez que compromete la neutralidad de los responsables de cualquier proceso de estas características. Y ante esto, “la obligación del Gobierno es velar por cumplimiento de la ley y la democracia”. “Imagínese que un partido que tiene gobierno decide no aprobar un decreto de disolver las Cortes pero hacer unas elecciones generales o autonómicas. Como no quiere convocarlas llama a funcionarios, imprime papeletas, urnas, coloca mesas, sin censo...”, describió Sáenz de Santamaría. “Hay gente a la que se está poniendo en tesitura de llevar a cabo actuaciones suspendidas por el TC”, insistió, y “a nosotros nos corresponde dar tranquilidad a los ciudadanos y cumplir la Constitución, en especial en aquello que se refiere a los derechos y libertades”, zanjó.

reacciones soberanistas Las reacciones del soberanismo no se hicieron tampoco esperar. El presidente del grupo de CiU en el Parlament, Jordi Turull, tachó la postura de Madrid de “error” jurídico y político. “Si el TC quiere mantener unos mínimos de credibilidad y de prestigio, la semana que viene tiene una gran oportunidad”, afirmó, comparando al Gobierno de Rajoy “con el hombre que tropieza dos veces con la misma piedra”. “Lo que pasa en Catalunya solo se soluciona con las urnas. Y el 9-N será una gran fiesta de la democracia”, agregó el político convergente. Paralelamente, el conseller de Interior, Ramon Espadaler, instó al Ejecutivo del PP a no enviar “otras policías” a Catalunya para esa jornada porque los Mossos d’Esquadra tienen la “plena competencia” para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. El líder de Unió, Duran i Llieda, sostiene que el recurso hace más necesario participar aunque él no incurrirá en ninguna acción ilegal. “Tenemos que ser capaces de encontrar el margen para respetar lo que diga el TC y al mismo tiempo para expresar los sentimientos de muchos catalanes”, reflexionó.

Desde ERC, donde no las tienen todas consigo de que Mas llegue hasta el final con el referendo alternativo, confían en que las firmas que se recojan contra la negativa del Gobierno español a autorizar la consulta, y que se enviarán a la ONU e instituciones de la UE, supongan una denuncia política que abra la posibilidad de que “en un futuro haya una denuncia jurídica”, como apuntó la secretaria general del partido Marta Rovira.