madrid - El Gobierno español impugnará la consulta alternativa del 9 de noviembre argumentando que la Generalitat mantiene la pregunta a los catalanes acerca de si se quiere que Catalunya sea un Estado y que se ha implicado a la Administración catalana con instrucciones a los funcionarios o a los Mossos, aunque no figuren en ninguna orden oficial.

Día a día se van aclarando los pasos que va a da Madrid para tratar de parar la nueva consulta del 9-N antes de que suceda. Al tiempo, la organización de este evento sigue adelante por parte del Govern y de los municipios catalanes, y los dos partidos que forman la federación de CiU, CDC y Unió, dieron ayer arranque a la campaña de cara a la votación en las urnas del 9 de noviembre, eso sí, por separado. Los promotores también comienzan a especular sobre el número de votantes por encima del cual la nueva consulta podrá ser leída en clave de éxito. Después de que algún sondeo haya aventurado una movilización de dos millones de votantes, la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, se curaba en salud al apuntar más bien a que el objetivo es superar el millón. A su juicio, “será diferente si acuden miles de personas o si acude más de un millón”.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está a la espera del informe urgente del Consejo de Estado para ver cuál es la vía jurídica que se utiliza para recurrir el “proceso de participación ciudadana” al que apela el presidente de la Generalitat, Artur Mas. La Comisión Permanente del Consejo de Estado aprobará hoy mismo ese dictamen que le ha solicitado el Gobierno español sobre la legalidad de la nueva consulta soberanista convocada por la Generalitat, una vez que la original está suspendida por el Tribunal Constitucional.

Fuentes gubernamentales han informado a Europa Press que esa impugnación del Gobierno pivotará en torno a dos ejes: el mantenimiento de la pregunta y la implicación de la Administración de Catalunya en esa nueva consulta. Así, las citadas fuentes recordaron que se mantiene la doble pregunta acordada el pasado mes de diciembre por CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere usted que Catalunya sea un Estado?”, y en caso afirmativo, “¿quiere que este Estado sea independiente: sí o no?”.

En segundo lugar, el Gobierno argumentará cómo la Generalitat se está sirviendo de la Administración para su consulta alternativa. El Ejecutivo ha seguido muy atento los pasos que ha dado estas semanas la Generalitat con diversas instrucciones a funcionarios o Mossos, la difusión de vídeos animando a participar el 9-N o incluso la creación de un registro de votantes.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ya dijo esta semana que la Abogacía General del Estado está estudiando “las instrucciones que se emiten a los centros escolares y a los funcionarios”, para ver si tienen “fuerza probatoria suficiente” para incorporarlos a un expediente de impugnación. El Gobierno considera que “puede haber un cierto fraude de ley”, en el sentido de que “se pretende conseguir un resultado prohibido mediante un camino alternativo”, en palabras del ministro de Justicia.

Según el Ejecutivo, se habla de “proceso participativo” pero en realidad se quiere hacer un referéndum ilegal. El propio Consejo de Estado ya dejó claro en su dictamen que la Generalitat no puede utilizar los artículos de la Ley de Consultas relativos a encuestas y procesos de participación ciudadana para “otro tipo de cosas”, según recordó recientemente la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

de cobardías Mientras el Gobierno español calibra sus próximos movimientos, el president catalán, Artur Mas, se refirió ayer al Gabinete Rajoy, al que dijo que es de “cobardes utilizar el Tribunal Constitucional para un trabajo que debería ser estrictamente político”. El mandatario catalán respondía de esta manera en la sesión de control del Parlament al líder de Ciutadans, Albert Rivera, que denunciaba a su vez la “cobardía” de Mas de no haber firmado un nuevo decreto para el 9-N.

En el turno del PSC, Mas invitó a los socialistas a sumarse al proceso participativo convocado para el 9 de noviembre, algo que rechazó su primer secretario, Miquel Iceta, mediante un gesto desde su escaño. En declaraciones en los pasillos Iceta replicó que el PSC está dispuesto a hablar de “lo que sea” si cambia la pregunta prevista para el 9-N.

El president aseguró además que presentará en el Parlament los Presupuestos de 2015 antes de que finalice este año, pese al “riesgo político” de no contar con el apoyo explícito de ningún grupo para aprobarlos tras la “fractura” del pacto de estabilidad con ERC, pero Oriol Junqueras no aclaró su posición sobre los mismos. En todo caso, el republicano subrayó que “siempre” ha mantenido que los últimos presupuestos de la Catalunya “autonómica” que apoyaría ERC serían los de 2014. - DNA/E.P.

1.317 locales. El Govern anunció ayer el cómputo definitivo de locales y puntos de participación para el 9-N y desveló otros aspectos de la jornada de votación. El proceso participativo contará finalmente con 1.317 locales y 6.695 mesas con urnas distribuidas por todo el territorio que serán atendidos por 40.930 voluntarios. Los voluntarios comenzaron a recibir ayer un vídeo explicativo sobre las tareas que tendrán que asumir.

Participa2014.cat. Los ciudadanos pueden consultar ya en la web Participa2014.cat adónde deberán acudir para depositar la papeleta. Bastará con introducir la dirección que aparece en el documento de identidad y, de forma inmediata, la web ofrecerá la información del local y la mesa a la que se está adscrito para participar en el proceso, una información que, además, se podrá imprimir en formato de tarjeta. El lugar en el que se puede votar irá marcado por la dirección que aparece en el DNI. En este proceso participativo no existe ningún registro previo, y que el que se cree el mismo día 9 será destruido.

Cinco localidades. Habrá mesas electorales en todos los municipios salvo cinco: Pontons (Barcelona), Arras, Bausen y Canejan (Lleida); y Horta de Sant Joan (Tarragona). Aunque en este último municipio, el más poblado de los cinco, con unos 1.200 habitantes, CiU financiará el coste de cuatro autobuses hasta localidad cercana de Gandesa para que los vecinos puedan votar.

El Govern asegura estar preparado para afrontar un ataque informático el 9 de noviembre. “Todos los elementos de criticidad han sido estudiados”, por lo que los ordenadores no estarán conectados en red. Cada mesa contará con un ordenador para confirmar los datos de los participantes, con un programa que lo único que hace es detectar si hay un doble voto.

23 h.

Los puntos de votación no cerrarán a las ocho de la noche, el horario previsto, si en ese momento hay colas de ciudadanos que desean votar. Sobre las 23.00 horas del 9-N se dará a conocer los datos de participación, mientras que los resultados se harán públicos al día siguiente.