El Gobierno pidió ayer al Consejo de Estado un informe para impugnar todo el proceso de la consulta alternativa del 9 de noviembre en Cataluña, según ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, firmó ayer la petición de informe al máximo órgano consultivo del Gobierno, como paso previo a la impugnación de la consulta alternativa ante el Tribunal Constitucional, que puede decidirse en el Consejo de Ministros del próximo viernes. La vicepresidenta del Gobierno explicó que se inician así los trámites de impugnación de todo el proceso del 9-N, “de toda la organización que está llevando a cabo la Generalitat de Cataluña para esa consulta alternativa”. Presidencia del Gobierno explicó posteriormente en un comunicado que el presidente del Gobierno ha solicitado al Consejo de Estado que el dictamen -que es preceptivo aunque no vinculante- sea emitido “con carácter de urgencia”. Sáenz de Santamaría recalcó que la consulta alternativa que promueve el Govern “es contraria a la Constitución y además perjudica los derechos de los catalanes” porque “no tiene una sola garantía democrática”.

Previendo el escenario y antes de conocerse la petición oficial al Consejo de Estado, ERC pedía ayer al presidente catalán, Artur Mas, que se mantenga “fiel” al compromiso de celebrar el proceso participativo el 9-N si lo impugna el Gobierno. Y los preparativos para la cita continuaban ayer. CDC, UDC y ERC tienen previsto iniciar esta semana actos de campaña por separado y el Govern ha cerrado el plazo de captación de voluntarios con 38.706 inscritos, casi el doble de lo esperado (20.000), al tiempo que ha abierto dos puntos más de votación en el extranjero: Andorra la Vella y Perpiñán. Después de que ERC se alineara definitivamente la semana pasada con el nuevo 9-N, la portavoz de los republicanos, Anna Simó, pidió ayer al presidente de la Generalitat, Artur Mas, “que se mantenga fiel” al compromiso de celebrar una consulta esa fecha y no renuncie si el Gobierno decide impugnar dicho proceso participativo. CDC, por su parte, lanzó un mensaje de tranquilidad, a la espera de ver si el Gobierno tiene argumentos para tumbar el 9-N.

Desde las filas socialistas, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, que pidió “disculpas” por su comparación entre las posibles elecciones plebiscitarias en Catalunya y las de la Alemania en 1933, aseguró que, aunque su partido “no se sienta llamado a participar” en el 9-N, cree que sería “un error” si el Gobierno la prohíbe. El secretario general de ICV, Josep Vendrell, lamentó que el “único” mensaje que ofrece el Gobierno del PP a Catalunya es el de la “intimidación” y el de las “amenazas”. Una impugnación que la líder del PPC, Alícia Sánchez-Camacho, dio por hecho al afirmar que el 9-N “no se celebrará” porque “es un fraude de ley” que no permitirá el Gobierno central, al tiempo que acusó a Artur Mas de “parapetarse” tras los funcionarios.

Sin embargo, Unió no contempla el escenario de la impugnación del 9-N porque lo considera un proceso “legal” y cree que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, está “perdiendo los nervios” cuando acusa a Artur Mas de “mezquino” al involucrar a funcionarios en el proceso participativo, remarcando que éstos son voluntarios. El secretario general de Unió, Ramon Espadaler, compareció junto a la nueva portavoz, Montserrat Surroca, para explicar que su partido inicia ya una campaña para fomentar la participación del 9-N, aunque sin pronunciarse ni a favor ni en contra de la independencia.

En cambio, su socio de federación, CDC, iniciará mañana una campaña independentista para el 9-N, con el doble lema Un día para vivirlo y Unidos por un país nuevo, una campaña que no contará con la presencia de Artur Mas, porque sólo participará en actos del Govern que fomenten la movilización a las urnas. Por su parte, el secretario general y portavoz de Ciutadans, Matías Alonso, advirtió ayer de que ni España ni Europa legitimarán las “trampas de Mas el astuto”. - Efe