madrid - Sin dar los buenos días ni cruzar una palabra con los periodistas. El presidente español, Mariano Rajoy, volvió ayer a evitar a la prensa que le aguardaba a la entrada y a la salida del Congreso para preguntarle por la imputación del exministro de Justicia e Interior con José María Aznar, Ángel Acebes. El popular ha quedado señalado en un auto del juez Ruz por haber consentido supuestamente una compra de acciones con la presunta caja B del partido, y porque ese dinero no fue devuelto al PP, sino que se apropiaron de él, entre otros, la mujer del extesorero Luis Bárcenas, siempre según las diferentes líneas de investigación del caso. Lo relevante de la acusación estriba en que arruina de alguna manera el argumento del PP de que la supuesta contabilidad opaca era una cuestión de Bárcenas, ya que del auto podría desprenderse que Acebes, secretario general del partido entre 2004 y 2008, debía conocer esa caja B. Además, por aquel entonces era el número dos de Rajoy en la formación. En cualquier caso, el PP siguió esgrimiendo ese argumento. En un escueto comunicado, manifestó su respeto a las decisiones de los tribunales y reiteró que “no tiene otra contabilidad que la presentada y auditada por el Tribunal de Cuentas”. “Si hubiera otra contabilidad, desde luego no es del Partido Popular”, zanjó.
En los últimos meses, el juez Ruz ha dejado caer en diferentes resoluciones que el PP podría tener una contabilidad opaca. No está probado, solo a nivel indiciario. En distintos ámbitos se ha señalado que muchos de los puntos de los papeles de Bárcenas quedarán en nada: en esas anotaciones figuran donaciones de empresas que superan el límite permitido, aunque no es delito y solo una falta administrativa a no ser que las donaciones superen los 120.000 euros para tener la consideración de delito fiscal; se ha puntualizado que es muy complicado acreditar que esas donaciones pudieron efectuarse a cambio de contratos con administraciones del PP, porque probar un delito de cohecho es muy complejo y quedó patente cuando Francisco Camps quedó libre en el caso de los trajes, y las supuestas entregas de dinero negro a populares también serían difíciles de probar porque no hay facturas, aunque algunos han reconocido pagos. No obstante, tampoco serían delito si no alcanzaran los 120.000 euros al año y algunos informes de Hacienda ya han descartado esa opción, mientras otros casos habrían prescrito. A pesar de ello, el juez Ruz sí ha dado razones para la inquietud al PP, ya que ha apuntado a la existencia de una contabilidad B.
Tras recibir un informe policial sobre la documentación intervenida en el registro del despacho del arquitecto Gonzalo Urquijo, quien reformó la sede de Génova entre 2005 y 2011, el magistrado concluyó que los pagos al arquitecto no se reflejaron “ni en la facturación ni en la contabilidad oficial, sino en la contabilidad paralela o B llevada en el seno de la citada formación”. La Policía también sospecha de la sede del PP de La Rioja, y se debate aún si el partido puede ser acusado por no haber pagado el Impuesto de Sociedades por algunas donaciones supuestamente irregulares.
En ese contexto, desde algunos ámbitos se señala que el PP confiará en que pase la tempestad si cunde la impresión de que las acusaciones se remontan a la época de José María Aznar y no tienen demasiado que ver con Rajoy y, sobre todo, ayer se afanaron en matizar que a Acebes no se le acusa de haberse apropiado de dinero, sino de haber permitido presuntamente que otros lo hicieran, quizás por falta de diligencia en su supervisión. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró ayer que Acebes “no tiene nada que ver con otros que hoy están en boca de todos” porque “no se le acusa de haberse llevado nada”. Según dijo, se le imputa por tener conocimiento de que existía una cuenta B en el partido y “por omisión”. El presidente del Congreso, Jesús Posada, por su parte, sostuvo que la justicia, aunque sea lenta, es “implacable”. “Aquí no se salva nadie y el que la hace la paga”, sentenció.
Cargos del PP consultados dejaron ver su malestar por el auto del juez al considerar que está “montado” sobre algo que no está probado, que es “la existencia de una caja B en el Partido Popular”. La formación ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para colgar un enlace que lleva a la página web del PP, donde se pueden consultar sus cuentas anuales.
“rajoy lo nombró” Desde el PSOE, su secretario de Organización, César Luena, lanzó que “el señor Rajoy es el jefe de una cuadrilla” en la que “estaban todos metidos en la financiación irregular, en la caja B del PP”. Por eso, cree que el presidente español debe dar explicaciones. También desde el socialismo, el portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, opinó que no hay duda de que “la conexión” entre Rajoy y la “financiación ilegal del PP” es Acebes, que era el secretario “que él nombró”. Antes de pedir dimisiones, sin embargo, esperarán a que dé explicaciones.
Exalcalde de Toledo. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado el próximo 24 de noviembre como imputado al exalcalde de Toledo José Manuel Molina (PP), en la causa en la que investiga la adjudicación en 2007 de un contrato de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, que se realizó, según el extesorero Luis Bárcenas, a cambio de una donación de 200.000 euros para financiar la campaña de la presidenta de la formación, María Dolores de Cospedal.
Ruz, que investiga en una pieza separada del ‘caso Gürtel’ la supuesta contabilidad B del PP.
PP de Cantabria. El Partido Popular de Cantabria tenía una caja B de dinero negro en la que se ingresaron donativos por un total de 90.000 euros durante el año 2004, según recoge un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El informe policial refleja un total de doce donativos de entre 4.000 y 11.000 euros que se realizaron entre el 13 de febrero y el 23 de junio de 2004 y que fueron ingresados en una cuenta a nombre del partido en la Caja de Ahorros de Cantabria y Santander.
