del auto del juez Ruz no se desprende que el exministro Ángel Acebes se haya apropiado de fondos del PP, sino que pudo conocer la existencia de una caja B y no alertó al respecto, y que permitió que otros tomaran para sí dinero de esa contabilidad opaca como, presuntamente, la mujer del extesorero Luis Bárcenas. En cualquier caso, no se trataría de una imputación menor. Desde algunos ámbitos ya se ha anticipado que el partido va a tratar de minimizar la mayoría de las acusaciones de corrupción asegurando que el grueso de los hechos se remonta a la época del expresidente español José María Aznar, o bien salpica a sus hombres fuertes, condición que indudablemente ostentaba Acebes como exministro de Justicia y después de Interior. Podrían contribuir a esa teoría las informaciones que apuntan a que la red Gürtel, que lograba contratos con administraciones públicas del PP a cambio de regalos o comisiones, sufragó parte de la boda de la hija de Aznar con Alejandro Agag. Aun así, la oposición ya ha puesto sobre la mesa que, cuando Mariano Rajoy se hizo con la presidencia del PP en 2004, designó como número dos a Acebes, que ocupó la secretaría general hasta 2008. Además, a pesar de sus fuertes vinculaciones con Aznar, el exministro ha sido un hombre clave dentro del PP en general, apadrinó la Ley de Partidos que desembocó en la ilegalización de la izquierda abertzale y será recordado por haberse empecinado en atribuir los atentados del 11-M a ETA cuando todo apuntaba al islamismo radical.

DUREZA Acebes es el símbolo de la época más dura del PP en materia de paz y normalización. Le tocó ser ministro de Justicia (2000-2002) y de Interior (2002-2004) después de que fracasaran las conversaciones de Zúrich entre el Gobierno de Aznar y ETA, y fue justo entonces cuando comenzó a gestarse un estado de opinión en los ámbitos más inmovilistas de Madrid a favor de endurecer el discurso ante la organización armada y la izquierda abertzale. En aquella época se asentó definitivamente la teoría del todo es ETA, amparada por el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Antes de la llegada de Acebes, ya se había ordenado la clausura del diario Egin, pero fue él quien, inspirando la redacción de la Ley de Partidos de 2002, dio un soporte normativo y en cierto modo un impulso a las ilegalizaciones de partidos y a las operaciones contra todas aquellas estructuras que el Estado considerara soportes de ETA, ya fueran periódicos o bares.

A partir de entonces y en cascada, se sucedieron las ilegalizaciones de HB, EH, Batasuna y las marcas posteriores, y se sembró la semilla de los macrojuicios, esas vistas en las que llegaban a compartir banquillo hasta medio centenar de personas, cuyos casos irían resolviéndose incluso años después del adiós de Aznar por las dilaciones procesales. Durante la era Acebes, se desarticuló la asamblea de electos municipales Udalbiltza, arrancó el sumario contra las herriko tabernas que ha desembocado recientemente en una condena contra líderes de Sortu como Rufi Etxeberria o Joseba Permach -aunque la mayoría tienen toda la pena cumplida o buena parte de ella en prisión preventiva-, y Egunkaria fue clausurado.

En este último caso, Acebes llegó a querellarse contra el exdirector del medio, Martxelo Otamendi, por denunciar torturas. El exministro consideró que sus acusaciones eran falsas y que había seguido “a pies juntillas el manual de ETA que aconseja a sus militantes” que denuncien malos tratos. Por ello, intentó imputar un delito de colaboración con la organización armada a Otamendi. Pero el PP recibió un serio revés. La denuncia de Acebes fue archivada por la Audiencia Nacional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos terminó condenando a España por no investigar las torturas referidas por el periodista.

En su empeño por vigilar los pasos de la izquierda abertzale, terminó salpicando al PNV. Insinuó que los jeltzales no serían los más indicados para oponerse a la Ley de Partidos cuando en el Parlamento Vasco “toda la oposición lleva escolta, se encuentra el exdirigente de ETA Josu Urrutikoetxea y desde la tribuna se justifican los atentados”. “Eso es una vergüenza”, lanzó. Cuando el Tribunal Supremo ordenó disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak tras la Ley de Partidos, avisó de las “graves consecuencias” que traería un incumplimiento de la orden judicial por parte de la Mesa de la Cámara presidida por el jeltzale Juan María Atutxa, que terminó inhabilitado, al igual que Kontxi Bilbao y Gorka Knörr.

ISLAMISMO También fue protagonista tras los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Madrid. Cuando se halló una furgoneta con detonadores y una grabación del Corán, insistió en la autoría de ETA como hipótesis principal. Haber reconocido la responsabilidad de Al Qaeda hubiera colocado al PP a los pies de los caballos cuando solo quedaban tres días para las elecciones generales, ya que la opinión pública hubiera interpretado que el brutal atentado que segó la vida de casi 200 personas había sido una represalia por la participación de España en la guerra de Irak, una intervención muy cuestionada.

No obstante, la hipótesis de ETA parecía tan forzada a ojos de los votantes que nadie la creyó y a la rabia inicial provocada por el atentado se sumó la indignación por sentirse manipulados por el Gobierno español con fines electorales. Quedan para la historia las protestas de los ciudadanos ante las sedes del PP en puertas de la votación. Terminó ganando el socialismo de José Luis Rodríguez Zapatero y nunca podrá saberse si el resultado habría sido el mismo si el PP hubiera admitido desde el primer momento que el atentado lo perpetró Al Qaeda.

Catalunya El exministro exprimió el argumento de ETA también en el debate del Estatut catalán. Acebes utilizó las informaciones sobre el diálogo entre la organización armada y el exconseller en cap y exlíder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, para tratar de deslegitimar la reforma estatutaria asegurando que estaba “tutelada” por la organización armada. Además, fue uno de los diputados que firmaron el recurso ante el Tribunal Constitucional.

El cepillado de la norma por parte de los jueces ahondó el descontento de los catalanes con el Estado español y, tras un nuevo varapalo del PP a sus aspiraciones con la negativa de Rajoy a negociar un pacto fiscal, abonó la ola independentista y condujo a la apuesta por la consulta a la que los populares siguen sin encontrar una solución política.