pamplona - Hace justo un año, el Parlamento de Nafarroa retiraba de manera formal su apoyo a Yolanda Barcina, reclamando la convocatoria de elecciones de forma “inmediata”. Una resolución sin consecuencias prácticas, pero que servía de serio aviso al Gobierno, que se iba a ver incapaz de sacar adelante proyecto alguno. Luego vino la crisis de Hacienda y la frustrada moción de censura, y un sinfín de derrotas parlamentarias que han tenido su último ejemplo en la reforma fiscal planteada por UPN. Un año después, Nafarroa sigue como estaba. Sin estabilidad política y sumida en la parálisis institucional. No ha habido elecciones, y Barcina ha optado por agotar su mandato contra todo y contra todos, ignorando a un Parlamento que ayer volvió a reprobar su gestión.

Esta vez por su “actuación oscurantista, tibia e ineficaz” ante el recurso interpuesto por el Estado ante el Tribunal Supremo por el IVA recaudado a Volkswagen entre 2007 y 2011, con el que demanda “indebidamente” a la Comunidad Foral una deuda de 1.513 millones. Un choque de trenes que el Gobierno de UPN ha optado por afrontar también en solitario en una debilidad institucional que ayer le volvió a reprochar la mayoría de la Cámara. Se trata de una resolución simbólica, pero que vuelve a poner en evidencia la debilidad del Gobierno. Así lo hicieron constar ayer los portavoces parlamentarios, que en sus turnos de defensa de las distintas propuestas de resolución plantadas cuestionaron la actuación del Ejecutivo en la defensa del autogobierno y, en especial, en el contencioso abierto por la deuda multimillonaria que el Estado reclama a Nafarroa. Es el principal debate que deja la doble jornada sobre la situación de la comunidad celebrada esta semana.

La reprobación obtuvo el respaldo de PSN, EH Bildu, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra, y Barcina volvió a recordarles que no han conseguido ponerse de acuerdo en una moción de censura que la desaloje. El Parlamento también pidió ayer la “convocatoria urgente” de la comisión navarra negociadora del Convenio Económico, “con participación del conjunto de fuerzas parlamentarias, al objeto de informar y definir la estrategia de defensa de los derechos que corresponden a la sociedad de Navarra”, para tener información fidedigna y de primera mano de la compleja negociación que ambas administraciones deben llevar a cabo a partir de ahora.