madrid - La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó, por cuatro votos a tres, apartar cautelarmente de sus funciones al juez Santiago Vidal, quien participó en la redacción del borrador de una Constitución para una hipotética Catalunya independiente, mientras se tramita el expediente disciplinario abierto en su contra por dos faltas muy graves. El CGPJ no acogió la propuesta del Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, de apartarle durante seis meses de forma provisional, al entender que “la adopción de la medida cautelar no atajaría la situación que se quiere evitar, es decir, que el magistrado continúe realizando declaraciones que apoyen públicamente como legítimo el incumplimiento de las leyes y la Constitución”. Se posicionaron en contra de la suspensión cautelar los vocales Roser Bach, María Victoria Cinto, Vicente Guilarte y Enrique Lucas; y a favor, Wenceslao Olea -con un voto particular-, Carmen Llombart y Angeles Carmona.

Fonseca-Herrero tiene ahora un plazo de seis meses para tramitar el expediente disciplinario, que finalizará con una propuesta de sanción o de archivo. La Fiscalía puede recurrir en alzada el acuerdo de la Comisión ante el Pleno. El Promotor pedía “dada la extremada relevancia de los hechos”, seis meses de suspensión para Vidal por dos faltas muy graves de “ignorancia inexcusable” en el cumplimiento de sus deberes judiciales y vulneración del deber de observancia del régimen de incompatibilidades.

El juez Vidal había confesado que una decena de jueces participan en esta iniciativa de Carta Magna catalana, cuyo borrador establece que Catalunya es una nación que se configura “desde el punto de vista jurídico-político como una república”. Sostiene que su actuación se enmarca en el simple ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión que como juez, jurista y ciudadano le reconoce la Constitución española. Ayer expresó su satisfacción por la decisión sobre un expediente que empezó por la denuncia de Manos Limpias “m ientras que la postura de suspensión cautelar había sido asumida por la Fiscalía General, es decir, el poder ejecutivo, que, como todo el mundo sabe, está a cargo del PP”. - E.P.