bilbao - El enquistamiento en la situación del medio millar aproximado de presos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada desperdigados actualmente por los centros penitenciarios del Estado español y francés es un hecho se mire por donde se mire. Desde el Gobierno español se subordina cualquier gesto de flexibilización de su política penitenciaria -incluido el acercamiento a cárceles vascas- a la disolución definitiva de la banda armada, lo que a día de hoy convierte en una alternativa inviable la posibilidad de una evolución positiva de las condenas y una salida a la calle anticipada y progresiva. Desde el colectivo de presos de ETA se mantiene una posición férrea de no ceder ante la presión de la política penitenciaria y mantienen su rechazo a cualquier gesto individual en clave de revisión autocrítica de la violencia y de sus atentados, lo que aborta cualquier progresión de su situación carcelaria que permita a los reclusos acceder a permisos, beneficios penitenciarios, terceros grados o, llegado el caso, una libertad provisional.

Este paisaje político y penitenciario no tiene muchos visos de cambiar en un horizonte de cinco años, aunque, ciertamente, el discurrir del tiempo adelgazará el listado de presos a medida que estos vayan quedando en libertad una vez hayan completado sus respectivas condenas. En todo caso, en 2020 todavía permanecerán en prisión, y con bastantes años de condena por delante, entre 150 y casi 200 presos de ETA, según los cálculos realizados por el Gobierno vasco. La cifra fluctúa entre el centenar y medio y los dos centenares ya que la gestión de las condenas de los reclusos es variable y depende tanto de la administración penitenciaria como del propio preso si accede, por ejemplo, a una evolución de grados que le permita en un momento dado gozar de una libertad provisional. En este grupo estarán, prácticamente a partes iguales, los presos con condenas más largas por la gravedad de sus delitos y los que han ingresado en prisión en los últimos años y, aunque no tienen tantos años de pena, todavía les resta un periodo amplio de condena.

Los últimos datos arrojados por la asociación de familiares de los presos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada Etxerat señalan que actualmente son 466 los miembros de la organización armada que permanecen en prisión repartidos en las 47 cárceles del Estado español y las 34 del Estado francés. En los centros penitenciarios españoles se cuentan 370 reclusos (cinco de ellos en cárceles de Hegoalde) por 96 en prisiones de Francia. En estos datos no se contabilizan la quincena de presos alineados con la denominada vía Nanclares que cumplen su condena en la prisión alavesa de Zaballa y que está integrada por presos que han renunciado a la violencia y reconocido el daño causado por sus actos, y han abandonado la banda o han sido expulsados de ella.

hitzeman Mientras la propia organización armada y su colectivo de presos (EPPK) sigue animando a los reclusos a la resistencia, la situación no tiene visos de avanzar hacia una solución que no sea la que viene dada por el paso del tiempo. Pero como recordaba la semana pasada a este diario un ya expreso de ETA, “la percepción del tiempo no es la misma fuera que dentro; dentro las semanas parecen meses, y los meses, años”.

Los barómetros que miden la temperatura de la opinión pública revelan una y otra vez que la cuestión de los presos no ocupa ni preocupa a la sociedad española, ni como es evidente al Gobierno español presidido por Mariano Rajoy. Fiar la esperanza a un hipotético relevo en Moncloa del PP al PSOE tampoco parece garantía de nada. Desde que accediera al cargo en julio, el nuevo líder socialista, Pedro Sánchez, no ha hecho una sola mención al final de ETA y mucho menos a la situación de sus presos.

En Euskadi la sensibilidad es diferente pero cada vez es más extendida la percepción de que el problema de los presos es una cuestión de ellos mismos y de su entorno social y político. Como apunta un experto muy metido en los últimos años en lo que se conoce como gestión de “las consecuencias del conflicto”, si los presos y su mundo no dan el paso, “se solucionará por sí solo conforme pase el tiempo, pero será más duro para ellos, como también se solucionará el tema del desarme, aunque convendría hacerlo de una forma controlada”.

La izquierda abertzale, PNV y en alguna medida el PSE consideran, desde diferentes posiciones, que hay que intervenir desde la política y las instituciones, pese a la limitación que supone el hecho de que la competencia de Prisiones sigue sin transferir por parte del Estado, aunque así lo dicta la ley orgánica del Estatuto de Gernika en su artículo 10.14.

En este contexto, el Gobierno vasco ha presentado el programa Hitzeman con la intención de ofrecer a los presos una vía individual y voluntaria para avanzar hacia la reinserción en clave de reparación moral y reconocimiento de la injusticia que infligieron a sus víctimas. Al preso se le da la posibilidad de realizar un camino personal de contribución a la convivencia y se le ofrece asistencia personal, y apoyo para la inserción laboral y el acceso a la vivienda.

466 presos. Los últimos datos de Etxerat dan ese número de reclusos de ETA y de la izquierda abertzale ilegalizada. De ese total 370 están repartidos en los 47 cárceles españolas (cinco en penales de Hegoalde) y 96 en prisiones del Estado francés. En este cómputo no se incluyen la quincena de presos de la denominada ‘vía Nanclares’ que han renunciado a la violencia y ya no son de ETA.

En 2020. Tras estudiar las condenas de los presos de la banda, el Gobierno vasco calcula que ese año seguirán en prisión entre 150 y 200 reclusos. Esa horquilla es debida a que la gestión de las condenas, tanto por parte de la administración penitenciaria como del propio preso, puede variar. En todo caso, se trata de los miembros de ETA con penas más largas y de los que han ingresado en prisión en los últimos años.