BARCELONA - Los partidos soberanistas estudian la posibilidad de que, si el Estado español impide sacar las urnas el 9-N en Catalunya para celebrar la consulta, puedan ser convocados plenos simultáneos en el Parlament y en los ayuntamientos catalanes para reivindicar el derecho a decidir. Esta propuesta, que se puso el pasado jueves encima de la mesa en la reunión del president Artur Mas con las formaciones proconsulta, es plenamente compatible con la apuesta de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP por mantener la convocatoria de la consulta y, en consecuencia, de proseguir con el despliegue de los mecanismos para hacerla posible pese a la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional.
No obstante, en el ambiente de la reunión celebrada en el Palau Robert, los partidos percibieron por parte de Mas una mayor conciencia de las dificultades de poder celebrar la consulta con todas las garantías democráticas. Con matices, ERC, ICV-EUiA y la CUP presionaron al Govern para que aclarara qué alternativa tiene pensada, como utilizar los artículos de la ley de consultas aprobada por el Parlament no suspendidos por el TC. Fuentes conocedoras del desarrollo del encuentro indicaron que en este punto se volvió a evidenciar cierta tensión.
El sentimiento generalizado sí fue que la celebración de la consulta tal y como estaba inicialmente prevista es cada vez más difícil, si no imposible. En especial porque los plazos establecidos para garantizarla han empezado a decaer y la próxima semana cruzarán indefectiblemente el punto de no retorno.
Respuesta en la calle En el supuesto de que el Estado haga fracasar los preparativos para organizar la consulta, el bloque soberanista baraja la idea de que se produzca una respuesta “muy amplia y contundente” desde las instituciones catalanas, especialmente el Parlament, pero también desde el 97% de los ayuntamientos catalanes que ya han aprobado mociones proconsulta.
En paralelo, la propuesta contempla que desde las entidades de la sociedad civil catalana puedan ser convocadas manifestaciones de protesta en Barcelona y otras ciudades para visualizar el rechazo a la prohibición de la consulta y la reivindicación del “derecho a decidir”.
El texto de la moción unitaria que sería sometido a votación en el Parlament y los ayuntamientos tendría que ser consensuado por los partidos, en el caso de que la propuesta salga adelante, pero en el mismo figuraría una condena explícita a la prohibición de la consulta y se instaría a seguir promoviéndola.
Las trabas legales con las que se encuentra el Govern para seguir con los preparativos de la consulta, a fin de que ésta tenga lugar con las debidas condiciones democráticas, y el hecho de que Mas les indicara el jueves dicha situación a los demás líderes políticos, incrementa aún más la necesidad de prever las reacciones ante un escenario en el que no se pueda celebrar la consulta.
posiciones inamovibles En todo caso, la vicepresidenta del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría manifestó ayer que la posición del Ejecutivo ante la consulta “no ha cambiado y será siempre la misma”, con independencia de que la Generalitat busque alternativas. Más contundente fue la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien ve al president de la Generalitat “desesperado” porque, señaló, sabe que no puede hacer ningún tipo de consulta ni referendo sobre la independencia, ni el del 9-N ni “sucedáneos”.
En todo caso, Josep Antoni Duran i Lleida (Unió) descartó cualquier alternativa. “No se me pasa por la cabeza otra posibilidad de consulta que la amparada por la ley, convocada por el Govern y con todas las condiciones democráticas necesarias”, aseveró. Advirtió de que el tiempo apremia y el bloque soberanista debería explicar “si la consulta es o no posible para el 9-N”.
La posición oficial del Govern es que se mantiene la consulta con los términos acordados, es decir, convocada por la Generalitat para el 9 de noviembre, y el presidente de la Generalitat apeló ayer de nuevo a la unidad, recordando que, cuando van “juntos y de la mano las cosas salen mejor”. - DNA/Efe
