méxico - El Procurador General de la República (Fiscal General), Jesús Murillo Karam, afirmó ayer que no cuenta con evidencias de que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es buscado por las autoridades, tuviera nexos con el narcotráfico. En un encuentro con la prensa extranjera, Murillo Karam se refirió a informaciones, según las cuales él ignoró acusaciones contra el alcalde de Iguala, aunque admitió haber tenido contactos con un miembro del Partido de la Revolución Democrática, quien decía tener pruebas de la participación de Abarca en un homicidio. “Lo que él me dijo que iba a traer pudo haber generado alguna idea de complicidad o liga (del Alcalde) con el narcotráfico, pero nunca lo trajo”, señaló al referirse a hechos violentos del pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde murieron seis personas y desaparecieron un total de 43 estudiantes de magisterio.
El procurador dejó claro que la prioridad de las autoridades era encontrar a los desaparecidos e identificar a los responsables para aplicarles el peso de la ley. “Estoy enormemente interesado en encontrar todo el hilo de esta madeja y poder aplicar la ley a quienes pudo afectar a la sociedad de una manera tan brutal como esta”.
Al manejar cifras de los hechos que conmovieron al país, dijo que hay 43 desaparecidos y han encontrado 28 personas en cinco fosas, pero aclaró que éstos no han sido identificadas y “no se sabe si son parte de los atacados”. Habló de que los peritos calculan que necesitarán unos dos meses para identificar a los encontrados en las fosas porque están calcinados, pero confió en que eso se logre en un tiempo menor, aunque el camino a recorrer será largo.
Acerca del grupo Guerreros Unidos, presunto responsable de la matanza en colaboración con autoridades municipales, aclaró que no era una banda fuerte, pero al desarticular a los Rojos y realizar detenciones de La Familia, los dos grupos dominadores en el área, este grupo se quedó sin competencia. La banda, según la información, se dedica al trasiego de amapola y marihuana a Estados Unidos y era la principal proveedora de droga hacia Chicago.
Murillo Karam se negó a comentar algún posible móvil de los asesinatos debido a que no se puede dar a conocer alguna hipótesis hasta que tenga comprobado cuál es la verdadera. Sobre el auge del narcotráfico en México, el Procurador recordó que el país tiene la frontera más grande, de 3.000 kilómetros, con el mercado de mayor consumo de drogas del mundo (Estados Unidos), productor de un negocio que genera a la delincuencia recursos impresionantes que pueden usar como quieren, lo cual genera un enorme poder. “La sociedad mexicana ha tenido que irse preparando para ese fenómeno, no lo estábamos; apenas estamos armándonos para poder combatir una fuerza de ese tamaño”, dijo.
iguala, ciudad tomada La ciudad de Iguala, donde desaparecieron hace ya once días 43 estudiantes, amaneció ayer tomada por la Policía Federal y el Ejército, en un intento de dar normalidad a este municipio cuyos policías locales fueron retirados hasta que demuestren que no tienen vínculos con el narco.
Para ello tendrán que pasar los controles de seguridad en un centro en el estado de Tlaxcala, a donde fueron trasladados ayer para pasar 45 días de entrenamiento, que recibirán solo si pasan los controles.
Este intento de limpiar a la Policía de Iguala llega tras la detención de más de una veintena de agentes por su presunta participación en la muerte de seis personas y de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre.
Además de los seis fallecidos, tres de ellos estudiantes, 25 personas resultaron heridas y, según varios testigos, decenas de estudiantes fueron subidos a patrullas policiales y ya no se les volvió a ver.
Algunos detenidos, entre ellos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, confesaron haber matado a cerca de una veintena de los jóvenes, según la fiscalía del estado de Guerrero, donde se encuentra Iguala. Dicha información, aunada al hallazgo de seis fosas clandestinas con 28 cuerpos aún por identificar, hicieron que el Gobierno de Enrique Peña Nieto cambiara de opinión y decidiera intervenir en la ciudad para restablecer la seguridad. Así, un destacamento de unos 400 agentes de la Policía Federal, incluidas varias unidades de la recientemente creada Gendarmería, llegó ayer a Iguala, dos días después de que la Procuraduría General (Fiscalía) asumiera la investigación. - Efe
