Bilbao - Francisco Etxeberria dirige actualmente el proyecto impulsado por el Gobierno Vasco para investigar la tortura en Euskadi entre 1960 y 2010, por lo que realiza un llamamiento para que todos los afectados aporten su testimonio.

¿Cómo afecta el régimen de incomunicación a la labor de los especialistas a la hora de identificar la posible comisión de torturas?

-Todos los organismos internacionales que se han posicionado sobre este tema tras estudiarlo han venido a decir que la incomunicación favorece la tortura. Es un espacio de oscuridad que da lugar a la impunidad. No es una opinión personal, lo dice cualquiera que revise esto.

El tribunal habla en su fallo de una “situación de vulnerabilidad” de los demandantes.

-Sí, pero por la circunstancia concreta de que no se ejerce una tutela efectiva por parte de la autoridad judicial en esos tiempos de incomunicación. Esto ha ido cambiado con los años, desde aquella incomunicación en la que se decía que no se podía hablar con el detenido bajo ningún concepto a una comprensión de que siguen manteniendo intactos sus derechos a la asistencia o a reconocimientos forenses.

Sin esa tutela judicial, ¿se produce un vacío durante la incomunicación de los detenidos?

-La impresión es que en otras situaciones concretas en donde no hay incomunicación parece más difícil que eso ocurra o el seguimiento es mucho más detallado. Y en los casos de incomunicación se tienen que producir algunos escándalos mayúsculos para que, de vez en cuando, se trate de corregir esta maquinaria sobre la cual tampoco parece que exista mucha innovación.

¿A qué se refiere?

-En cualquier parcela de la gestión administrativa de las instituciones se introducen correcciones y rectificaciones regularmente, es una maquinaria cambiante. Sin embargo, en ésta parece que hay muy pocas ideas o modificaciones.

¿En qué casos y en qué momentos debe actuar el médico forense?

-Normalmente interviene en todos los casos desde hace ya años, porque cuando se produce la detención bajo incomunicación se pone en marcha un plan para que sea reconocido por el médico forense. En su momento eran los médicos forenses del País Vasco, pero la realidad suele ser que bajo el régimen de la incomunicación los detenidos son inmediatamente trasladados a Madrid, con lo cual la participación de los forenses o de los jueces de instrucción de aquí no se pone en marcha.

¿Ha ido a peor la situación?

-No creo que haya ido a peor. No es una cuestión de estadística, de que ahora se tortura menos, porque no es tolerable ni un caso. Y si se produce una sola mera sospecha, la intervención tiene que ser muy enérgica. Si no, no se comprende que estemos en el siglo XXI.

¿Es la legislación española suficientemente garantista para evitar casos de torturas?

-Estamos viendo que no lo es, nos lo acaba de decir de nuevo el tribunal. Estamos recogiendo declaraciones institucionales de toda índole desde muchos años atrás hasta nuestros días y sorprende la reiteración con la cual hablan de este asunto. Lo que acaba de decir Estrasburgo no constituye casi ni una sorpresa.