vitoria - La relación entre los gobiernos Vasco y español ha devenido en un toma y daca provocado por el afán del Ejecutivo de Mariano Rajoy de arañar competencias propias las comunidades autónomas. Se trata de un frágil equilibrio en el que el Gabinete de Iñigo Urkullu tiene como último recurso acudir al Tribunal Constitucional para recurrir aquellas leyes que considera que le quitan competencias.
La ley española de Acción Exterior es el último ejemplo de una serie de normas que han estado o están en el alambre. En el caso de esta ley, antes de interponer el recurso se abre un periodo de seis meses en el que ambas partes tratarán de alcanzar un acuerdo en la Comisión bilateral entre el Estado y el País Vasco. En esta misma situación se encuentran otras cuatro leyes: la LOMCE o Ley de Educación, la Ley de Evaluación Ambiental, la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y la Ley para la protección de los trabajadores a tiempo parcial.
En lo que lleva de transcurrida la legislatura, Lakua y el Estado han llegado a un acuerdo hasta en siete ocasiones, evitando así recurrir al Constitucional. Es el caso de la Ley Vasca contra el Dopaje, la Ley de Cajas de Ahorro de Euskadi, la ley vasca de no discriminación por motivos de identidad de género y la ley de rehabilitación y regeneración urbana, entre otras. - C. C. B.
