andoain - "Estamos contentos por lo que supone para nosotros, pero el mal está hecho. Egunkaria está cerrado sin remedio. Dejaron en la calle a sus trabajadores; a nosotros nos detuvieron. Hemos perdido mucho por el camino: muchos años, salud, libertad, trabajo, el mejor equipo que nunca tuvo Egunkaria, en su mejor momento...". El que fuera consejero delegado del diario clausurado por orden judicial en 2003, Iñaki Uria, puso ayer palabras al sentir de los ocho imputados de la causa económica pendiente del caso Egunkaria cuyo archivo dictaminó el miércoles la juez Carmen Zubimendi: "Ahora, parece que esta enorme injusticia ha acabado. O que está a punto de acabar".
Junto a Begoña Zubelzu, Jose Mari Sors, Fernando Furundarena, Mikel Sorozabal y Ainhoa Albisu -los otros dos acusados, Joan Mari Torrealdai y Txema Auzmendi, se encontraban fuera de Euskal Herria-, Uria reclamó ayer a la Fiscalía que no recurra la decisión de la magistrada titular de lo Penal número 3 de Donostia.
"Queríamos que el juzgado nos absolviera, pero se ha producido antes la prescripción" en un auto judicial "bien fundamentado" y con "base sólida", detalló Uria, quien calificó de "mal menor" al librarse de penas de cárcel de 128 años y una multa de 221 millones de euros. Pero "mal menor" porque no ha sido una absolución pese a los informes del Gobierno Vasco redactados en época del PNV y del PSE.
Ambos aseguraron en diferentes informes que "las ayudas concedidas a Egunkaria S.A. en 1998, 1999, 2000 y 2001 cumplían con los requisitos de concesión y justificación establecidos en la normativa". Ahora, aseguró el entonces consejero delegado de la empresa, "nadie entendería que el fiscal siguiera adelante con el recurso después de que los afectados -en referencia a la Hacienda guipuzcoana y al Ejecutivo autonómico- hayan asegurado que no ha existido daño ni delito alguno, y de que la jueza haya aceptado la prescripción".
enterrar el proceso En un acto público al que acudieron destacadas representaciones del PNV, EH Bildu, del Gobierno Vasco, la Diputación Foral, las Juntas Generales, sindicatos, la patronal Adegi, Kontseilua, y empleados de Berria, entre otros, Uria señaló que "esta vez, tenemos que enterrar este largo proceso". "La sociedad no entenderá que se presente un recurso", aseguró Uria, quien declaró que "ni se ha entendido ni se entenderá el empeño de la Fiscalía. Todo aquel que ha analizado el caso sabe que las acusaciones son insostenibles". E insistió en que si Hacienda y Lakua aseguraron que "no se ha producido daño ni delito alguno, ¿qué sentido tiene ese empeño en que el juicio siga adelante".
"Para algunos, la respuesta será política. Para otros, más personal, aseguró Uria, que, tras acordarse de las personas que aún siguen encarceladas tras la clausura del diario Egin, quiso cerrar su intervención con agradecimientos: "A todos cuantos nos habéis ayudado durante las detenciones y a lo largo del caso, tanto en su sumario principal -que se saldó con la absolución de los cinco acusados en 2010- como en el económico". Ensalzó la respuesta de la sociedad vasca, "rotunda y ejemplar", con movilizaciones y manifestaciones "que han marcado nuestra modesta historia". "Sin ese apoyo y el calor", concluyó Uria, "hace mucho que nos hubiéramos derrumbado".
Por su parte, el viceconsejero de Política Lingüística, Patxi Baztarrika, se sumó al sentir general y reclamó ante los medios de comunicación que la Fiscalía opte por no recurrir y se cierre un caso que calificó como "despropósito".
