donostia - Causa archivada. Los presuntos delitos de la gestión económica de Euskaldunon Egunkaria, fechados entre 1998 y 2001, han prescrito y los ocho imputados han quedado exentos de cualquier responsabilidad criminal. Aunque caben recursos de reforma y apelación, ayer concluyó la segunda y última pieza pendiente que se derivó del cierre del diario que decretó en febrero de 2003 el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo.

Si en abril de 2010 el tribunal que presidió Javier Gómez Bermúdez absolvió a Martxelo Otamendi, Iñaki Uria, Xabier Oleaga, Torrealdai y Auzmendi por entender que "las acusaciones (Fiscalía, AVT, y Dignidad y Justicia) no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA" pese a que se enfrentaban a penas de entre 12 y 14 años de prisión, ahora, la juez de lo Penal número 3 de Donostia, Carmen Zubimendi, entiende que los delitos prescribirían cinco años después de la obtención de la subvención. Esto es, como tarde, hubieran quedado sin reproche judicial en 2006 -la última ayuda fue resuelta el 22 de octubre de 2001.

La principal divergencia de la causa económica que exime a Iñaki Uria, Joan Mari Torrealdai, Txema Auzmendi, Joxe Mari Sors, Mikel Sorozabal, Ainhoa Albisu, Begoña Zubelzu y Fernando Furundarena se ha centrado en si ha habido un periodo en el que el tiempo de prescripción quedó interrumpido. Es lo que entendía la Fiscalía tras un auto que se hizo público en noviembre de 2003.

Según explica la magistrada, este auto, en el que se investigó "un presunto entramado de sociedades o grupo de empresas formado, vinculado y controlado (directa o indirectamente) por la organización terrorista ETA", no era una resolución judicial "interruptora de la prescripción", porque en el auto "no se contiene concreción alguna de los hechos que pudieran ser constituvitos los delitos de falseamiento contable ni los que pudieran constituir una estrategia defraudatoria y mendaz". Tampoco hay mención en aquel auto a tres de los acusados en la causa económica: Zubelzu, Albisu y Furundarena.

De esta manera y tras la vista oral de abril, Zubimendi considera prescritos los delitos de fraude de subvenciones públicas en la modalidad de falseamiento de las condiciones requeridas para su concesión y las infracciones por presunto falseamiento de la contabilidad de los registros fiscales en esos mismos cuatro ejercicios que van de 1998 a 2001.

Once años Tras la clausura del único diario que se editaba en euskera, varias denuncias de torturas que el tribunal que presidió Gómez Bermúdez consideró "compatibles" con los informes médico-forenses y muchas movilizaciones bajo el lema Egunkaria libre!, ayer empezó a cerrarse el caso Egunkaria. Un sumario que echó a andar el 20 de febrero de 2003, cuando la Guardia Civil, a las órdenes de Juan del Olmo, cerró el diario y detuvo a diez personas. En octubre de ese mismo año, una nueva operación policial tuvo como objeto el grupo empresarial Egunkaria SA. Ocho detenidos a los que se irían sumando más imputaciones y alguna detención más meses después. Fue en noviembre de 2007 cuando del Olmo decidió, mediante el procedimiento abreviado, la apertura de un juicio oral que arrancó en diciembre de 2009.

La sentencia absolutoria para Otamendi, Torrealdai, Oleaga, Uria y Auzmendi llegó en abril de 2010 y un mes después, la Audiencia Nacional se inhibió de la causa pendiente, la económica, por tratarse de delitos societarios comunes y no terroristas, por lo que dio traslado de la pieza a la Audiencia de Gipuzkoa. De esta quedó fuera Dignidad y Justicia, por lo que la única acusación ha sido la de la Fiscalía. A esta reclamó ayer el portavoz jeltzale, Markel Olano, que "no presente recurso y no reabra el caso Egunkaria" y "termine con la pesadilla".

El parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga se preguntó, por su parte, "qué va a hacer el Estado para reparar los daños" por el cierre del diario y el proceso contra sus directivos.