MADRID - Juan Carlos de Borbón disfrutará de un retiro blindado. Cualquier vestigio del caso Nóos, como cuando supuestamente intermedió para que su yerno, Iñaki Urdangarin, consiguiera negocios -como denunció mediante correos electrónicos el socio del duque, Diego Torres-, nunca podrá enfangar al todavía monarca español en virtud del rango de inviolabilidad que ha disfrutado en sus 39 años de reinado. Las dudas atañen a que la abdicación es una fórmula poco común en la historia del Estado y su nuevo papel no está regulado en la Constitución. Con todo, bien otorgándole la condición de aforado, o retocando la Carta Magna para que conserve su inmaculada situación jurídica, los expertos vaticinan que el padre del futuro Felipe VI se mantendría a salvo de cualquier circunstancia penal, un escenario que previsiblemente sea el que durante los últimos meses se hayan encargado de edificar el bipartidismo que apuesta por mantener virgen la dinastía regia mediante una proclamación exprés del heredero de la Corona.
La inviolabilidad solo está prevista en la Constitución para el rey en cuanto Jefe de Estado, perdiendo este privilegio una vez se formalice el traspaso de poderes, pero la Casa Real lleva tiempo -como ha reconocido- planeando un relevo que ha pospuesto al sucederse escándalos como la trama de desviación de dinero público a empresas propiedad del esposo de la infanta Cristina. El juez José Castro se halla en puertas de cerrar la fase de instrucción y de dictar auto de acusación y la posterior apertura de juicio oral, previsiblemente con el procesamiento de la hija del monarca. Pero como no hay efecto retroactivo, Juan Carlos I nunca podría ser juzgado por sus actos oficiales y personales en el periodo que ha estado en el cargo.
Con este horizonte, todo apunta a que el Gobierno del PP extendería a la persona del rey el aforamiento previsto para los príncipes de Asturias y la reina a través del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todo un acomodo legal que les afora ante el Tribunal Supremo, es decir, que solo deben responder ante este órgano equiparando su tratamiento judicial al del presidente del Ejecutivo, ministros, parlamentarios nacionales o cargos de la judicatura, entre otros. Por otra parte, desde que el presidente Rajoy hizo de portavoz de la renuncia, algo que ha molestado incluso a uno de sus predecesores, Felipe González, ha corrido la idea de que quizás se mantenga la inviolabilidad de Juan Carlos, si bien para ello habría que entrar a reformar la Carta Magna. Las prisas que PP y PSOE se han dado en atar cuanto antes un proceso donde impera simplemente el lavado de cara, sin que la ciudadanía pueda pronunciarse, ayudarían a sostener este planteamiento. Cierto es que se entendería como un privilegio intolerable, lastrando el inicio del nuevo periodo monárquico.
En la ley orgánica aprobada ayer por el Ejecutivo español para hacer efectiva la abdicación del rey -con un artículo único y una disposición final única para hacer efectiva la renuncia- no se introdujo disposición alguna sobre el papel de Juan Carlos una vez abandone la jefatura del Estado. Los expertos consultados entienden que el monarca no es imputable por ninguno de los actos que ha realizado a lo largo de su reinado, y el Gobierno no ha considerado urgente reglar el aforamiento puesto que ya están cubiertos los 39 años. Los juristas sostienen que respecto a los futuros actos del padre del nuevo rey ya se encargarían de "encontrar soluciones" antes de que se planteara un enjuiciamiento, amén de la dificultad de que delinquiera a tenor de su edad. The king can do not wrong, expresión referida al concepto de la Inglaterra medieval relativo a que la Corona no yerra.
La condición de aforado. Desde La Zarzuela consideran que el Gobierno debe procurar algún tipo de aforamiento. De hecho, en el Estado español hay unos 10.000 aforados entre el grueso que componen jueces, magistrados y fiscales (7.500), más los políticos en ejercicio (unos 2.500). Hace justo dos meses que el Ejecutivo aprovechó la nueva Ley del Poder Judicial para aforar a la reina y a los príncipes de Asturias.
