La decisión personal del Rey Juan Carlos de abdicar la corona en su hijo nos ha sorprendido a todos, porque no formaba del debate político actual, aun cuando fuera una posibilidad considerada remota.

Una vez superada la primera impresión tenemos que entender que forma parte del mecanismo sucesorio propio de una Monarquía parlamentaria. Si algo caracteriza a este régimen es la garantía institucional en el relevo. En una decisión puramente voluntaria es el Rey quien marca los tiempos con su prudencia y sagacidad al servicio del país y de la institución.

A partir de hoy podemos sostener que se ha cumplido el primer ciclo de la monarquía plebiscitada por el pueblo español en el referéndum constitucional. La legitimidad histórica de la dinastía se sustenta, a partir de 1978 en la legitimidad constitucional-democrática. Antes se fue legitimando cuando asumió los compromisos de cambio de régimen y de dirección del proceso de su desmantelamiento hasta alumbrar la nueva Constitución.

A partir del momento en que las Cortes acepten la abdicación, se proclame al nuevo Jefe del Estado y este jure el cumplimiento fiel de sus funciones, la Constitución y las leyes, el respeto a los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas, se cumplirá otra vez la previsión constitucional y confirmará que el heredero de la legitimidad dinástica es el Jefe de un Estado que reviste la forma política de Monarquía parlamentaria, en la que no hay legitimidad superior a la que se deriva de la soberanía nacional que reside en el pueblo español. Por tanto, en perfecta continuidad la Corona asumirá las funciones simbólicas e institucionales que le encomienda la Norma suprema.Expresidente del Gobierno de Navarra