Bilbao - La jueza argentina que investiga los crímenes del franquismo aterrizará en Euskadi mañana mismo para recoger los testimonios de varios querellantes, y podrá contar con la colaboración del Gobierno Vasco si así lo solicita. Según ha podido saber este diario, la Secretaría de Paz y Convivencia que dirige Jonan Fernández se ha puesto en contacto con María Servini de Cubría para ponerse a su disposición y prestarse a facilitar su tarea, ya sea a través de apoyo logístico o de otro tipo. El gabinete de Iñigo Urkullu ha recibido con agrado la noticia de su visita porque cualquier gesto que persiga esclarecer el pasado es "bienvenido" y valora el esfuerzo y las pesquisas de la jueza argentina, que se ha guiado por el principio de la justicia universal para investigar unos hechos que ni siquiera han sucedido en su territorio sino en el Estado español. Según las fuentes consultadas, Servini permanecerá en Euskadi tres días y no está previsto que se reúna con representantes del Gobierno Vasco por cómo ha sido concebido el viaje: un desplazamiento de trabajo con una agenda frenética enfocada únicamente a recoger pruebas testificales en distintos puntos del mapa, aunque sí podría reunirse con los parlamentarios vascos de la Comisión de Derechos Humanos para corresponder la visita que cursaron a Argentina a finales del pasado año.
La jueza, que también viajará a Sevilla, Málaga y Madrid, verá a tres querellantes: el exmiliciano anarquista Félix Padín, internado en varios campos de concentración, como el de Miranda de Ebro; los hermanos Calzada, hijos de un fusilado en Busturia; y quizás podría estudiar los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz.
Servini investiga desde 2010 la querella planteada por varios colectivos estatales en Argentina ante las pegas que acostumbra a plantear la justicia española, que ha argumentado que los crímenes franquistas han prescrito y que, por tanto, no pueden juzgarse, y que tampoco pueden considerarse de lesa humanidad o de genocidio, una calificación que permitiría superar ese obstáculo de la prescripción. También ha aludido a la Ley de Amnistía, que impediría escarbar en esos delitos, y que ya ha sido cuestionada abiertamente por instancias internacionales como la ONU.
Servini optó por hacer las maletas y desplazarse al Estado después de que la Audiencia Nacional pusiera trabas a su investigación rechazando la extradición de los dos acusados, el excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas, y el expolicía Antonio Rodríguez Pacheco, Billy el Niño. Se interpretó que la jueza podría llegar a copiar el procedimiento que siguió en Chile, cuando la negativa del país a extraditar a dos acólitos de Pinochet acusados de haber matado al general Prats y su esposa le llevó a lanzar un órdago y presentarse en suelo chileno para tomarles declaración allí mismo. Su insistencia provocó que Chile terminara juzgando el caso. Por el momento, solo vendrá al Estado para oír a los querellantes -en buena medida porque tienen una edad avanzada o no pueden acudir a Argentina- y no para interrogar a los acusados, algo que entrañaría dificultades porque es necesario arrestarlos o citarlos, aunque la jueza ha dejado claro que desea seguir con el caso.