Volver de vacaciones se acompaña a menudo de algún disgusto cuando comprobamos los gastos. Es recomendable revisar las facturas del viaje porque permite tomar conciencia del coste-satisfacción de las cosas. El viaje de las vacaciones fiscales vascas empezó mal. El 24,5% de paro en Euskadi en 1993 animaba a moverse en el alambre. A quien se le ocurrió que el incentivo fiscal podría poner en marcha una economía que decrecía un 0,8% ese año se le ocurrió también mirar alrededor para copiar recetas de socios europeos. Pero se equivocó al pasar por alto la comunicación previa a la Comisión, como exigía el artículo 88.3 del Tratado de la CE. Así que podemos apuntar en el debe ese patinazo.

La iniciativa se acompañó de jugosísimas deducciones en el Impuesto de Sociedades. En algún reproche se olvida que las empresas tenían que cumplir exigencias de inversión en activos productivos y crear empleo. Yo no sé cuánto de lo que vino después es atribuible a aquellas vacaciones, pero la tasa de paro cedió al 15,8% en 1998 y al 12,2% en 2000 y la economía vasca creció un 3,3% en 1994 y se mantuvo por encima del 3% los años siguientes. La factura de esta estrategia la ha fijado Bruselas en 722 millones de euros que las haciendas vascas dejaron de percibir entonces pero que han recuperado después.

En la relación con Bruselas ha habido errores y tampoco ha habido suerte. En los años de la convergencia al euro la CE estaba plagada de convencidos de que detrás venía la armonización fiscal. Un bofetón en cara blanda pondría firme al resto. Por este u otro motivo, la Comisaría de la Competencia cargó las tintas, como atestigua la fuerte rebaja de la sanción, desde los 64 millones que pretendía el negociado de Almunia, hasta los 30 finales, porque la gravedad del caso no es la que se pretendía.

Las vascas no eran las únicas normas susceptibles de incidir en el mercado, pero sí de las pocas recurridas. Las demandas del Gobierno de Felipe González alguna liebre levantaron, así como la concentración de recursos contra las normas de la CAV y no contra otra calcada por un vecino no nacionalista. También llegamos tarde para devolver facturas a la empresa vasca que recurrió las ayudas a Daewoo. Su estrategia de proteger así su mercado y expandirse por Europa después no le ha salvado de la liquidación por otras causas.

Y llegamos a la multa. La sentencia es clara: se debieron recuperar las ayudas desde 2006 en los importes de la Comisión porque el Reino de España no defendió uno menor, que calcularon las haciendas vascas. Ojo, ese no hacer nada se repite con el tax lease del sector naval, que Rajoy sigue dejando macerar por si alguien se aburre. No se aburrió la Comisión en 2001 y no se va a aburrir ahora. Que no acabe también esto en otra factura que haya que apechugar. Porque los más aguerridos críticos de las vacaciones fiscales olvidan que en la multa se sustancia el reproche del Tribunal a España por su repetida estrategia de dilación de sus pagos en asuntos en los que las haciendas vascas no han tenido arte ni parte. Lo que no quita para que, efectivamente, cualquiera con el colmillo un poco revirado advierta en la lenta recuperación de las ayudas y el goteo de documentación la clara intención de marear la perdiz. Esto fue un error a la luz del cabreo que ha demostrado el aparato comunitario. Pero arrancar de las cuentas de 300 empresas vascas 722 millones de euros de golpe habría tenido efectos secundarios que serían hoy objeto de severas críticas.

La tentación de cargar contra los gobiernos de la época choca con una realidad: en Gasteiz gobernaban PNV y PSE en un acuerdo extensivo a las diputaciones; y en 1996 se había sumado EA -que hoy guarda respetuoso silencio-. El PP gobernaba Araba en 2001 y no corrió a recuperar las ayudas como no corrieron los Gobiernos de Aznar y Rodríguez Zapatero a acordar su cuantía con la Comisión. Así el reproche más insistente proviene de la izquierda aber-tzale. Y resulta sorprendente porque a la vez que exige la insumisión a los mandatos de la troika insolidaria y ultraliberal reprocha no haber corrido a someterse en este caso a uno de sus miembros. ¿Qué clase de insumisión a las directrices comunitarias no acarrearía una sanción a Euskadi? ¿La de irse de la UE? Para que la crítica sea legítima debe de ser coherente.

Estos errores no se deben repetir. Y es importante no perder de vista que pagar tanto tiempo después el precio de aquel viaje no ayuda a valorar las sensaciones que vivimos en 1993. Las que experimentaron los empresarios y trabajadores de los años noventa también deberían formar parte del relato de una iniciativa casi desesperada en un tiempo casi desesperado. Siempre hay facturas nuevas que girar al rival político, pero habría que revisar con lealtad las razones de aquellas que se acumulan en el cajón y determinar los aciertos y errores que estamos dispuestos a repetir y los que no.