No negaré que la UE ha contribuido decisivamente a la paz, la democracia y los derechos humanos en Europa. Su misma creación respondió a la necesidad de superar una situación política y social catastrófica y casi sin precedentes.

Pero, pese al tiempo transcurrido, pese a los avances, desde el punto de vista de la justicia social, existen dificultades importantes.

No diré que sea fácil responder desde la UE, con realidades políticas tan distintas en su seno, a la "cuestión social". Pero, pese a todas las dificultades conocidas -y otras que desconozco-, es ineludible dar una respuesta cabal, justa y exhaustiva.

La política social de la UE ha pasado por varias etapas, dependiendo de los objetivos políticos prioritarios en cada momento: de una primera fase hasta 1985, en la que la política social se subordinó a la idea económica y liberal de la acción comunitaria en la confianza de que el libre mercado y la libre competencia traerían sin más el progreso social, hasta momentos más recientes, en los que la realidad ha obligado a caminar hacia la "cohesión económica y social" y se han abordado la política de empleo, la modernización del modelo social y la lucha contra la exclusión social y la pobreza. Sin olvidar la línea perseverante de la UE en la lucha por la igualdad y la no discriminación por razón de género, fundamento de su política social.

Pero, en los últimos tres o cuatro años, al amparo de la crisis, se escuchan voces que pretenden replantear la política social de la UE, además de apreciarse que la normativa comunitaria no es capaz de impedir gravísimos retrocesos en los derechos sociales, como los que están teniendo lugar en el Estado, sin ir más lejos. Incluso debiera afirmarse que todos estos pasos atrás vienen impuestos desde este marco, si no jurídico, sí económico.

Esta constatación, absolutamente extendida en la ciudadanía, puede tener gran virtualidad práctica en las próximas elecciones. Hoy nadie duda que la línea política mayoritaria del Parlamento Europeo tiene incidencia directa en nuestras vidas, en nuestro bienestar -o en la falta de él- cada día.

Nadie duda tampoco que hay que responder positivamente a muchos temas complicados, como una política de inmigración común e integradora, el reconocimiento y efectividad de los derechos de ciudadanía a todas las personas con independencia de su exclusión del mundo del trabajo, además de la profundización en valores democráticos y participación ciudadana en el diálogo social.