GASTEIZ - El Gobierno español presentó su Ley de Acción Exterior asegurando que no buscaba controlar las actuaciones de las comunidades autónomas en suelo internacional, pero Catalunya entendió que intentaba cortarle las alas en pleno proceso soberanista para que no tejiera complicidades con otros países. Tampoco gustó al PNV, que ve en la acción exterior un instrumento clave no solo para tejer lazos con la diáspora o para que Euskadi tenga voz en Europa y pueda llegar a influir en la toma de decisiones, sino para salir de la crisis ayudando a las empresas a buscar mercados exteriores con una marca propia, Basque Country. Lakua presentó siete alegaciones al proyecto del ministro José Manuel García-Margallo, pero Madrid solo se abrió a una sola, que además no era ni mucho menos la más relevante. No modificó los puntos más políticos de la norma, y siguió manteniendo el control sobre los viajes de las comunidades autónomas -exigió que informaran a Madrid de esos desplazamientos, y el Gobierno español respondería con informes de recomendaciones-, y la apertura de delegaciones de los territorios en el exterior, con informes fiscalizando esas inauguraciones desde el punto de vista económico y de la política exterior estatal, aunque también sin derecho a veto. Durante la tramitación en el Congreso, el PNV pudo rebajar el exhaustivo control de los viajes, ya que solo sería obligatorio informar de los desplazamientos fuera de la Unión Europea, y solo deberían dar parte el lehendakari y los consejeros, no los parlamentarios. Los jeltzales aplauden esos cambios pero siguen sin aceptar la filosofía de control de la ley. Según explican fuentes de la Secretaría de Acción Exterior de Marian Elorza a DNA, el Gobierno vasco está barajando seriamente la posibilidad de llevar la ley al Tribunal Constitucional. El plazo para presentar el recurso expira en junio y, aunque la decisión no está tomada, es "altamente probable" que la norma sea recurrida.

El eventual recurso de Lakua denunciaría que la ley pretende convertir a las comunidades autónomas en "meras ejecutoras de la acción exterior del Estado", hurtándoles la capacidad política de definir sus prioridades. En concreto, según esas mismas fuentes, la ley confundiría deliberadamente los términos "acción exterior" y "política exterior" para restar espacios de libertad a las comunidades. Por ejemplo, si el Gobierno español decreta el embargo comercial a un país y decide romper sus vínculos con él, el Gobierno vasco tampoco podría entablar relaciones con ese país porque ese punto forma parte de la política exterior, que es competencia del Estado, una cuestión que no está en discusión y que también acata Euskadi. Sin embargo, la ley de Madrid no controlaría solamente la política exterior estatal, sino también la acción exterior.

En ese sentido, recuperando el ejemplo anterior, si el Gobierno español no ha fijado ningún embargo ni ninguna política concreta ante un país determinado, cabría suponer que el Gobierno vasco tendría libertad para entablar o no entablar relaciones con él sin dar cuenta previamente de sus movimientos pero, a través de la ley, Madrid sí trataría de controlar a priori las relaciones comerciales o de cualquier tipo de la CAV con ese país, según las fuentes consultadas. Como ejemplos de control, cabría destacar también, según Lakua, la supervisión de los viajes y la apertura de delegaciones, dos áreas donde quiere preservar su competencia, aunque desde el PNV aseguraron tras la tramitación de la norma en el Congreso que el Ejecutivo español solo piensa en Catalunya cuando habla de fiscalizar la apertura de delegaciones dada la delicada situación de su tesorería. Lakua tampoco ve con buenos ojos que la norma esté plagada de términos como "dirigir" la actuación en el exterior.

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha situado la internacionalización entre sus apuestas clave, y ha presentado recientemente su estrategia marco hasta 2020, que contempla ayudar a las empresas para que busquen mercados internacionales, y redoblar los vínculos con los vascos del mundo, entre otras actuaciones. En ese sentido, en Lakua aún no tienen datos para anticipar si la Ley de Acción Exterior mediatizará sus planes. No saben si el Gobierno español les pedirá cuentas, aunque podría ser que en la puesta en práctica de las medidas concretas del plan, como por ejemplo a la hora de viajar al exterior, sí se note la nueva ley porque la CAV debería informar de ese desplazamiento con carácter previo al Gobierno español si tiene lugar fuera de la Unión Europea. Dentro de Euskadi, PP y UPyD también cargan contra las delegaciones vascas en el exterior por considerarlas un dispendio, a pesar de que el propio Tribunal Constitucional reconociera en 1994 que, en el ejercicio de sus competencias, las comunidades autónomas se veían empujadas muchas veces a actuar en el exterior para desempeñar sus funciones óptimamente.

Otros recursos El Ejecutivo de Urkullu ya optó por el recurso al TC con el Plan Prepara -propuso que sea Lanbide y no la Seguridad Social el organismo que gestionara la ayuda de 400 euros que reciben los parados cuando agotan su prestación-, la Ley de Evaluación Ambiental, la de Unidad de Mercado, los Presupuestos estatales de 2012 y 2013, o el decreto que incluye varios tramos ferroviarios vascos en un catálogo de interés del Estado haciendo imposible su traspaso a la CAV. También buscó minimizar el impacto de otras medidas de Rajoy buscando recovecos y sin caer en la insumisión: ha dejado en 1.614,5 las horas trabajo anuales de los funcionarios frente a las 1.650 de Madrid, adelantó la paga extra de julio a enero para contrarrestar la supresión de la navideña, y activó compensaciones por el copago farmacéutico. Ha recurrido la reforma educativa de Wert, aunque retiraría el recurso si hubiera acuerdo, algo improbable.

Puntos controvertidos. La norma del Gobierno obliga a las comunidades autónomas a informar de sus viajes al exterior -salvo cuando tengan lugar dentro de la Unión Europea-, y Madrid emitirá recomendaciones sobre ellos. También obliga a informar sobre la apertura de nuevas delegaciones en el exterior, y elaborará dossieres evaluando económicamente y políticamente esa apuesta, sin derecho a veto.

El recurso. Lakua estudia recurrirla ante el TC porque entiende que busca convertir a las comunidades autónomas en meras ejecutoras de la acción exterior del Estado.

Otros recursos. El Gobierno vasco también ha recurrido la reforma educativa del ministro Wert, aunque retiraría el recurso si hubiera acuerdo, algo que parece muy poco probable. También llevó al TC el Plan Prepara, y ha apostado por acudir al mismo tribunal con la Ley de Unidad de Mercado o la de Evaluación Ambiental.

Medidas compensatorias. Lakua ha tratado de rebajar el impacto de los recortes de Rajoy, adelantando la extra de los funcionarios de julio a enero para paliar la supresión de la paga navideña, o activando compensaciones en el copago.