Bilbao - El autor del protocolo forense para la identificación de víctimas encargado por la Secretaría General de Paz y Convivencia propone la creación de un equipo de valoración forense, compuesto por psicólogos clínicos y psiquiatras y por médicos, entrenados todos ellos en protocolos antitortura, que emita informes de carácter "pericial" para evaluar a "las personas que aleguen haber sido sufrido malos tratos o torturas en el contexto de la violencia de motivación política". La Secretaría que dirige Jonan Fernández ha recibido este mismo mes el estudio que establece el protocolo forense para la identificación de las víctimas, informe encargado a Benito Morentin, médico forense y miembro de la dirección del Instituto Vasco de Medicina Legal. El documento propone "una metodología de trabajo que podría seguir la Administración para abordar, con fiabilidad científica, los casos de denuncias de torturas y malos tratos, con vistas a sus procesos de reconocimiento y reparación".

Todo ello se enmarca en la gestión del decreto sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por fuerzas policiales y parapoliciales en el contexto de la lucha antiterrorista, aprobado en 2012 por el anterior Gobierno Vasco. Aquel decreto se circunscribía al periodo comprendido entre 1960 y 1978, mientras que el actual Ejecutivo del PNV tiene previsto ampliar la cobertura de las indemnizaciones a las personas que sufrieron este tipo de abusos desde 1978 hasta la actualidad.

El informe enviado esta semana por el Ejecutivo de Urkullu a la Cámara vasca a petición del parlamentario de UPyD, Gorka Maneiro, establece la evaluación forense que se debería aplicar y que pasa por la creación de un equipo compuesto por psicólogos clínicos o psiquiatras y por médicos que trabajarán bajo los parámetros del conocido como Protocolo de Estambul, el primer instrumento internacional reconocido para la investigación y documentación de la tortura y que la ONU ha adoptado como estándar internacional de referencia. Explica Morentin que en el protocolo que propone "se articula un mecanismo institucional para la documentación de las denuncias de tortura orientado a valorar su credibilidad, a efectos de proceder al reconocimiento y reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos que hasta ahora han sido ignoradas".

exploraciones El informe forense partiría de la información previa de cada caso, en el que se incluirán los datos del denunciante así como los medios de prueba aportados por la persona en caso de que los hubiera, y se completaría con una entrevista, una exploración psicológica y un reconocimiento médico. Finalmente el equipo médico emitirá el informe de conclusiones.

El autor del estudio resalta que "el examen psicológico y médico representa un instrumento de importancia crucial en la investigación de las denuncias de tortura. La creación de un mecanismo forense de documentación sería un paso decisivo en el esclarecimiento de la verdad que ayudaría a avanzar en la implementación de medidas de reparación", valora. Sin embargo, advierte de que en estas investigaciones "hay que tener en cuenta que existen serias dificultades probatorias, sobre todo una vez que ha transcurrido un periodo dilatado de tiempo. La mayoría de técnicas de tortura no dejan lesiones externas visibles y puede resultar difícil o imposible obtener evidencias médicas de su uso". Además, refleja que la incomunicación "a la vez que facilita la tortura dificulta su investigación".

Morentin sostiene que la peritación forense "aportaría un elemento más" a la comisión de verificación de la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos del Gobierno Vasco para analizar cada denuncia de malos tratos o torturas, y puntualiza que no es competencia de ese equipo pericial "la calificación administrativa o jurídica de los hechos".

Esta no es la única iniciativa que ha emprendido la Secretaría de Paz sobre el fenómeno de la tortura. Recientemente ha encargado un estudio para cuantificar las denuncias por torturas y medir su credibilidad, trabajo encargado al profesor de Medicina Forense en UPV/EHU y miembro del Instituto Vasco de Criminología, Francisco Etxeberria.