madrid - La investigación sobre un nuevo episodio de corrupción que afecta a Andalucía por el supuesto desvío de los fondos de formación ha llevado a los responsables de la Junta a acusar al Gobierno central de abrir una "causa general contra toda Andalucía". Tras conocerse la investigación policial abierta sobre un posible fraude millonario, el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, exigió explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que "dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas" implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que "pida disculpas y retire la acusación".
Arremetió contra el Ministerio por "poner en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años", en alusión a unos 2.000 millones que apuntan fuentes de la investigación como la cantidad presuntamente estafada.
El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, pidió a Interior que "lleve cuanto antes a la justicia" el posible fraude millonario y aseguró que no conoce más de ese caso que lo que "Interior ha contado a los periódicos". Sin embargo, fuentes oficiales desmintieron "categóricamente" que haya filtrado información sobre la investigación abierta por las posibles irregularidades.
Al margen de las acusaciones de la Junta, lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción de Málaga lleva desde mayo de 2013 investigando el supuesto fraude en los fondos de formación para desempleados. Según informaron fuentes de la investigación, el Ministerio Público abrió en esa fecha las diligencias de investigación preliminares, que se centran en diecisiete empresas privadas, desde academias a escuelas de masaje, con un objeto social en el que indicaba "actividad educativa y formativa". En Málaga las pesquisas se remontan a las ayudas públicas de 2010, por un montante de dos millones de euros.
Las mismas fuentes precisaron que se investiga el uso de subvenciones y no la forma de concederlas, como en el caso de los ERE, aunque también insistieron en que están en una fase muy inicial y tienen abiertas diversas líneas de investigación.
El caso, que todavía no está judicializado, se inició tras las irregularidades detectadas por la Seguridad Social, que fue lo que activó la alarma y provocó la investigación por parte de la Unidad Central de Delincuencias Económica y Fiscal (UDEF). Actualmente la Fiscalía de Málaga está pendiente de un informe de la UDEF, por lo que las fuentes no han podido cuantificar el supuesto fraude.
bruselas lo sabía desde enero El asunto trascendió a la Comisión Europea, que anunció ayer que va a pedir explicaciones a España sobre el supuesto fraude para determinar si se financiaron con fondos de la Unión Europea. "En vista de los artículos de prensa nos pondremos en contacto con las autoridades españolas de nuevo para estar absolutamente seguros de que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no son con cargo al Fondo Social Europeo", señaló la portavoz comunitaria Emer Traynor.
La portavoz explicó en la rueda de prensa diaria de la Comisión que Bruselas ya se puso en contacto con el Gobierno andaluz el pasado mes de enero, cuando aparecieron las primeras noticias sobre este caso.
"Las autoridades regionales aseguraron a la Comisión en ese momento que no había fondos de la UE relacionados en los cursos de formación bajo investigación", sostuvo Traynor, quien explicó que la CE consideró que se trataba de una cuestión nacional.
El PP andaluz registró ayer en el Parlamento una petición de comparecencia del Consejo de Gobierno para que informe sobre todas las actuaciones administrativas y judiciales en relación al caso. - DNA/Efe/E.P.
La cuantía. La formación para el empleo contó en 2013 con 2.125 millones de euros, frente a los 2.155 millones de 2012, destinados a formación de ocupados y de desempleados, y que se reparte entre el Estado y las comunidades autónomas.
Origen. La mayor parte de los fondos, 1.860 millones, proviene de la cotización por formación profesional a la Seguridad Social (0,70% de la base de cotización), abonada por empresarios (0,60%) y trabajadores (0,10%). Del resto, 165,4 millones corresponden a la aportación presupuestaria del Estado y 100 millones provienen del Fondo Social Europeo.
Reparto geográfico. Las comunidades y ciudades autónomas reciben 823,4 millones, gestionados por el organismo correspondiente en cada región, que es además el responsable de ejercer las acciones de control y seguimiento de ese dinero.
El resto del presupuesto se gestiona en el ámbito estatal a través del Servicio Público de Empleo (SEPE), salvo por los 53,7 millones que gestiona el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) para la formación de los empleados públicos.
Reparto por finalidad. 956,9 millones se destinan a desempleados, 953,2 millones a ocupados; 165,5 millones, a las ayudas a la recualificación de las personas que han agotado la prestación por desempleo y 49,7 millones, a transferencias a las autonomías por competencias asumidas.
-Formación para desempleados.
De los 956,9 millones que se destinan a desempleados, la mayor parte (661,6 millones) son gestionados por las comunidades autónomas.
-Formación de las empresas para sus trabajadores. Es de 575 millones.
El crédito de cada empresa es como mínimo de 420 euros
-Formación de oferta o subvencionada. Las comunidades autónomas gestionan 112,1 millones y el Estado, 181,3 millones.
