Bilbao - El PP recuperó ayer su idea de reformar el censo electoral para que puedan votar en la CAV y Nafarroa quienes se marcharon por la amenaza de ETA. Cuando lo propuso el expresidente de los populares vascos, Antonio Basagoiti, el PNV y la izquierda abertzale interpretaron que trataba de perpetrar un "pucherazo electoral" y de buscar estratagemas para engordar su número de escaños en el Parlamento ya que, a la vista de lo complicado que resultaría determinar quién se ha marchado por la violencia y quién por trabajo o por motivos personales, todas las categorías acabarían en el mismo saco, el mapa electoral de la CAV quedaría desfigurado, y la iniciativa ni siquiera se centraría ya en las víctimas. Aunque Madrid matizó que exigiría documentos que acrediten las amenazas, en casos excepcionales seguirá siendo suficiente con una declaración jurada y no exigirá informes policiales o administrativos. Además, bastará con haber vivido cinco años en suelo vasco, de modo que podrían votar guardias civiles o jueces destinados temporalmente a Euskadi y sin mayor vinculación con ella. Todo ello aderezado por un baile de cifras que también al PSE le pareció poco riguroso, ya que el PP comenzó hablando de 300.000 "exiliados" para quedarse después en 80.000 familias.
El portavoz del PP en el Parlamento, Borja Sémper, confió ayer en que la reforma se presente "en breve" en el Congreso, y reclamó el apoyo de jeltzales y socialistas. La idea, de la que nadie parecía acordarse ya tras un año y medio de silencio y de dificultades jurídicas para darle forma, podría servir a los populares para reconciliarse con las víctimas tras la excarcelación de más de sesenta presos por la derogación de la doctrina Parot. Sémper se pronunció después de que El Mundo publicara que la defensora del pueblo española, Soledad Becerril, ha pedido a Mariano Rajoy que ponga en marcha la reforma, quiso dejar claro que Moncloa "comparte ese criterio", y que "es justo que aquellos que tuvieron que abandonar su tierra por la violencia puedan votar en su casa". En una visita a Pasaia, negó que la iniciativa beneficie a ningún partido, y pidió a PNV y PSOE que muestren su "cariño" a las víctimas.
"pucherazo" Sémper reabrió un debate espinoso en el que cualquier crítica sobre los mimbres jurídicos de la propuesta del Ministerio del Interior corre el riesgo de interpretarse como una falta de sensibilidad hacia las víctimas. Los exiliados, por su parte, se han mantenido en un discreto segundo plano sin intervenir en la polémica. Sin embargo, desde distintos ámbitos jurídicos y políticos se han apuntado numerosas debilidades que lastrarían el planteamiento del PP.
Algunos interpretaron que Basagoiti buscaba un pucherazo porque aseguró que "hay más gente que falta del censo que votos tiene la izquierda abertzale", y porque no dejó de ligar el debate a las dificultades que ha tenido que capear históricamente el PP para elaborar sus listas electorales por la violencia, dando por supuesto que el grueso de los exiliados votaría a los populares o, en su defecto, a fuerzas constitucionalistas como el PSE. Basagoiti dejaba caer su propuesta cuando parecía asumido que la izquierda abertzale irrumpiría en el Parlamento tras las autonómicas de 2012, lo que achicaría el espacio de PP y PSE y les impediría reeditar su entente, que aupó a Patxi López a Lehendakaritza y desalojó al PNV en 2009. Los jeltzales acusaron a los populares de tratar de retorcer el censo por otra vía una vez descartado que la Ley de Partidos dejara fuera de juego a la izquierda abertzale. Poco después se descartó que llegara a tiempo para las autonómicas de 2012, aunque se abrió la puerta a que entrara en vigor para las municipales y forales de 2015.
un solo voto En un primer momento también se cuestionó que una misma persona pudiera votar en dos comunidades y decidiera no solo la composición del Gobierno Vasco, sino también del Ejecutivo de la comunidad en la que residiera actualmente, lo que rompería la igualdad de voto de los ciudadanos. Ese escollo sí parece resuelto, pero ha abierto otra duda: si quieren votar en Euskadi, perderán el derecho a votar en las elecciones de su lugar de residencia -salvo que revoquen la decisión y vuelvan a votar donde están empadronados-, aunque está por ver quién prefiere influir en los comicios de una Euskadi a la que solo le unen lazos afectivos en lugar de votar donde vive y se toman decisiones que le afectan.
El PP cuenta con mayoría absoluta en el Congreso, de modo que, técnicamente, podría aprobar la reforma cuando lo deseara. Sin embargo, políticamente, dada la relevancia de las reformas electorales, necesita respaldos. Ayer mismo, Sémper deseó que la reforma cuente no solo con el respaldo de su partido, sino de una amplia representación de la Cámara baja. El PNV está muy lejos de dar sus votos al PP, aunque ha apoyado desde el primer momento la posibilidad de ayudar a esos ciudadanos a que retornen a la CAV, un regreso más sencillo en tiempos de paz, pero que podría complicarse si han arraigado emocionalmente en otros territorios. El PSOE, a pesar de sus dudas, podría acabar apoyando la reforma. En su momento, ya propuso a Interior que limara algunos aspectos. El PP propuso que voten todos los que vivieron en Euskadi al menos cinco años, pero el PSOE pide aplicar la medida solo a los que hayan nacido en Euskadi, y que acrediten policial o administrativamente haber sufrido amenazas. El Ministerio apostó por ser más laxo y, aunque pedirá algún tipo de documentación que pruebe las amenazas, en casos excepcionales bastará con una declaración jurada si no se dispone de documentos. Las fechas también son objeto de discusión: deberán haber residido cinco años desde el 1 de enero de 1960, año en que fue asesinada la niña Begoña Urroz, atentado atribuido a ETA desde algunos ámbitos aunque los investigadores e informes policiales lo atribuyen a grupos antifascistas; y el 31 de diciembre de 2011, después del cese de ETA, lo que ha suscitado dudas porque ya no habría razones objetivas para dejar Euskadi por la amenaza.
El PP comenzó cifrando los exiliados en 300.000, para bajar después a 80.000. En su momento, el Gobierno de Patxi López habló de 100.000. Cabe augurar que ese punto será objeto de polémica y dilatará un eventual acuerdo con el PSOE. En cualquier caso, podría llegarse a tiempo para las municipales y forales de 2015. Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, el censo se cierra el primer día del segundo mes previo a los comicios. Es decir, si las municipales y forales fueran en mayo de 2015, debería cerrarse el censo el 1 de marzo. La reforma debería haber entrado en vigor para entonces, y aún quedan varios meses para negociar.
Planteamiento del PP. Quiere que puedan votar en la CAV y Nafarroa los ciudadanos que tuvieron que marcharse por ETA. Deberían acreditar cinco años seguidos de empadronamiento entre 1960 y 2011. También tendrán que probar las amenazas aunque, si no es posible, bastará con una declaración jurada. Podría suceder que guardias civiles o jueces destinados temporalmente a Euskadi pudieran acogerse a la reforma.
Críticas. El PNV interpretó que el PP intentaba un "pucherazo" para aumentar su representación institucional, y opinó que la propuesta era poco rigurosa y que es muy difícil determinar quién se fue por amenazas y quién por trabajo. Se inclina por facilitar el regreso a los ciudadanos que tuvieron que abandonar Euskadi.
Pruebas. Pide exigir que los 'exiliados' hayan nacido en Euskadi, y documentos que prueben las amenazas.
El censo. Tendría que estar cerrado el primer día del segundo mes previo a las elecciones.
