No, el título no es nada original. El copyright es de Mayor Oreja. Pero si algún regusto ha dejado esta semana el debate en el Congreso sobre la consulta catalana ha sido la presunción de que desde esa tribuna se lanzaba una oferta de diálogo con el horizonte de una reforma constitucional. Y puestos a presumir, cabría pensar que el origen de la misma era Mariano Rajoy, con Alfredo Pérez Rubalcaba a los coros y estación término en el despacho de Artur Mas. Filfa. Era filfa en boca del presidente del Gobierno porque no hay en su intención un proyecto reformista que busque encaje de las realidades nacionales sociopolíticas de Euskadi y Catalunya y sí una praxis recentralizadora por medio de leyes básicas. Y filfa también en la intervención del secretario general socialista porque no tiene un proyecto federal siquiera esbozado con un mínimo de seriedad más allá de un enunciado que apesta a borra de café para todos.

Y si quedaba alguna duda, en 24 horas se despejó con el regreso al cubil del silencio de un PSOE incómodo con estos debates sobre el hecho nacional y con la declaración de María Dolores de Cospedal en la que exigía a Artur Mas que sea él quien proponga los términos de una reforma constitucional. ¿Para presentárselos de nuevo a la misma mayoría constitucionalista que se da satisfacción a sí misma en la interpretación restrictiva de un marco legislativo que no acoge sino que exige? ¿Con el mismo resultado de 299 votos en contra? Trampa dialéctica es lo que había en la oferta presunta, que era más una ironía pese a que el president de la Generalitat tomara por la palabra al inquilino de La Moncloa. La han cazado al vuelo Urkullu, como puso en evidencia ayer mismo, y el propio Mas, que ya piensa en la salida plebiscitaria más que en la propia consulta, consciente de en qué mano está el martillo que sentencia la interpretación de la ley.

En el debate del Congreso, Rajoy no respondió a la apelación incluida en la sentencia del TC en relación al derecho de decisión. Le incomoda más la posibilidad de la decisión que la de la secesión. Como le incomodaba hace diez años la de la libre adhesión desde la soberanía planteada por Euskadi. En ambos caso, el proceso legislativo ha sido impecable, basado en la conformación de mayorías parlamentarias legitimadoras. Pero no es ese el problema. El presidente español de hoy -como el de ayer, no olvidemos que el portazo a la reforma del Estatuto vasco la lideró la mayoría de Rodríguez Zapatero- solo concibe una participación en el proyecto de Estado desde la supeditación. Una obligación de asumir la interpretación más restrictiva de la legalidad, tanto más defensiva cuanto argumentalmente débil. El marco legal no se concibe como garante del desarrollo de derechos -como el de decisión que verbaliza el TC- sino como límite a su ejercicio. Cuando Rajoy sostiene en la tribuna "amo a Cataluña como algo propio" está, efectivamente, estableciendo una relación de propiedad sobre los derechos de los catalanes. Se empieza así y se acaba hablando catalán en la intimidad, como en su día argumentó José María Aznar. Con la misma credibilidad en ambos casos.

El enredo dialéctico también tuvo momentos memorables en boca de Rubalcaba. Para empezar, cuando descubrió el valor del diálogo tras haber hecho alarde de portazos. En el Congreso, el PSOE expresó nítidamente su voluntad de diálogo empezando con un "no". Está muy lejos, también, de ser aquel proyecto de casa común de la izquierda. Hoy reprocha a la Izquierda Plural su adhesión a la petición catalana. Cuando el secretario general socialista le emplazó a que vaya a defender la autodeterminación a Mieres o a Puente Genil frivolizaba con la demanda expresada reiteradamente por las mayorías ciudadanas de colectividades social, cultural y jurídicamente específicas y reconocibles, que es la que sustenta la reclamación política en Catalunya y Euskadi. Una realidad que no existe en Puente Genil, con todos los respetos. Así que la respuesta de este PSOE a las demandas de esos ciudadanos vascos y catalanes es el sarcasmo.

En este contexto, adquiere relevancia la declaración del Parlamento Vasco esta semana en defensa de la integridad del Cupo y el Concierto. No tanto por las apelaciones de algunas voces menores, como UPyD y Vox, a la liquidación de la expresión jurídica del hecho diferencial vasco, cuando no del propio estado de las autonomías. Sino porque también en el PP y el PSOE se les hace a algunos la boca agua mirando a Manuel Valls y su guillotina para las regiones en Francia con la que ahorrarse en administración lo que dejará de recaudar en impuestos. Para ello se salta el principio de subsidiariedad que quienes más vocean sobre el ideal de Europa parecen haber enterrado hondo, pese a que está en el ADN de la Unión. Que UPyD se quede sola en su verdadera dimensión en Euskadi (1 de 75) es sano. Que PP y PSOE se comprometan con el modelo histórico de financiación, imprescindible. Que EH Bildu, en lugar de abstenerse, hubiera entendido de qué va esto en términos prácticos -dónde acaba la pose y empieza la gestión- sigue siendo una quimera.