MADRID. Durante las dos horas que se ha prolongado su declaración, ha lamentado que es su madre de 88 años y su hermana las que la tienen que ayudar económicamente desde que el juez decretó el embargo, han informado fuentes jurídicas.
Desde que el pasado 2 de septiembre Ruz acordara el embargo de los bienes de la mujer del extesorero, el magistrado ha permitido en dos ocasiones el desbloqueo parcial de las cuentas de Iglesias.
La primera, en noviembre de 2013 para que hiciera frente a sus últimos recibos de gastos mensuales, como luz, agua o gas.
La segunda fue el 29 de enero, cuando Ruz autorizó a Iglesias a disponer de 300 euros al mes de sus cuentas bancarias bloqueadas para alimentación suya y de su hijo, de los 575 euros que había pedido esta imputada en el caso Gürtel.
Iglesias llegó a la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares a bordo de un Alfa Romeo negro conducido por un chófer, el mismo que tras su comparecencia ante el juez, le recogió en la misma puerta a ella -que vestía un pichi negro, blusa blanca y botas hasta la rodilla- y a su abogada Dolores Márquez de Prado.
En su comparecencia, la segunda ante Ruz, ha relatado que se encontraba presente en la reunión que mantuvieron en marzo de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, en la que Bárcenas pidió al presidente del Gobierno que la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal "dejara de intoxicar en la prensa" contra él.
Según Iglesias, en ese encuentro los dos dirigentes del partido les aseguraron que "todo seguiría igual".
Tal y como declaró el pasado 27 de junio, el mismo día en que su marido ingresó en prisión, la esposa del extesorero ha reiterado también que ella no sabía nada de cuentas en Suiza ni de declaraciones de la renta y que en los viajes a Ginebra ella siempre se quedaba fuera de la entidades bancarias.
Además ha asegurado que ella se limitaba a firmar todos los documentos que le daba su marido sin mirar lo que firmaba.
Iglesias, imputada en el caso Gürtel por delito fiscal, estafa procesal y blanqueo, fue llamada a declarar por Ruz tras comprobar que 149.000 euros que salieron de la supuesta caja B del PP pudieron ir a parar a una cuenta a su nombre en Caja Madrid (ahora Bankia) para pagar un piso.
