Cuarenta y nueve balazos. Cuarenta y nueve orificios. Casi medio centenar de trozos de plomo, nueve de ellos en la cabeza, se incrustaron en el cuerpo y acabaron con la vida de Javier Batarrita Elexpuru, un joven industrial de 33 años, representante de Lube, la famosa marca de motocicletas de Lutxana, y muy conocido en Bilbao por sus actividades dinamizadoras del ciclismo, su gran afición. Sucedió en marzo de 1961 -se han cumplido 53 años-, un crimen perpetrado por las temidas Fuerzas de Orden Público franquistas que confundieron a tres ciudadanos con miembros de ETA.
Aquella primavera se presentaba ilusionante para Batarrita. Con un hijo de nueve meses y mil proyectos, faltaba un mes para la 16 edición de la Vuelta a España. "Envenenado de ciclismo", según le describían quienes con él colaboraban, y tras haber hecho sus pinitos sobre la bici, estaba implicado directamente en la organización de la carrera, que ese año terminaba en Bilbao, a la puerta de casa.
Sin embargo, aquella noche del 27 de marzo, después de realizar unos trámites de su empresa y según regresaba de Vitoria en su coche, un Peugeot 403 de color claro y matrícula francesa -un vehículo nada habitual-, junto a otros dos compañeros -el abogado José Antonio Martín Ballesteros y el jefe administrativo Fernando Larizgoitia- decenas de agentes del Cuerpo General de Policía, la Guardia Civil y la Policía Armada truncaron todos sus sueños, sus ilusiones, y acabaron con su vida a la entrada de Bilbao, en Bolueta, junto a la gasolinera que aún existe. Le acribillaron, en plena calle. Sin mediar palabra. Con premeditación -se había dispuesto un operativo con control total de la carretera desde dos horas antes con agentes armados apostados, focos de luz y advertencias a los vecinos para que cerraran ventanas y persianas-, nocturnidad -eran cerca de las diez de la noche- y alevosía -49 disparos a bocajarro-. Y con la impunidad propia del régimen dictatorial franquista. Primero, disparar; luego, si acaso, preguntar. Una emboscada a personas inocentes, desarmadas, sin vinculación alguna con la violencia, ni siquiera con la resistencia activa al franquismo. Una "ejecución extrajudicial", como lo denomina el dictamen de la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco que, más de medio siglo después, ha reconocido a Javier Batarrita como "víctima de violación de derechos humanos producida en el contexto de la violencia de motivación política". Lo que popular e impropiamente se conoce como "víctima de abusos policiales".
Él fue el peor parado porque, al parecer, abrió la puerta del coche e intentó bajarse después de que un guardia civil le ordenase parar. Pistolas, fusiles y metralletas, al unísono y durante interminables segundos, rompieron la noche de Bolueta. "El conductor cayó como un fardo. De su boca salió un chorro de sangre que se mezcló con los restos de aceite de la carretera y dejó una gran mancha de color parduzco", narraba la publicación Gudari, órgano de EGI, las juventudes del PNV, única que dio una versión real de lo ocurrido. "Cuando lo trasladaron a la morgue de Bilbao, la masa encefálica se le salía y las extremidades aparecían horriblemente destrozadas", continuaba. El copiloto, José Antonio Martín Ballesteros, resultó herido grave, con un disparo en la espina dorsal que le dejó paralítico de por vida, amargado hasta su muerte años después en un extraño accidente al precipitarse su coche desde el puente de La Salve. El tercer acompañante, Fernando Larizgoitia, agazapado en el asiento trasero, resultó milagrosamente ileso. Falleció hace poco más de cuatro años.
'cazar' a madariaga ¿Por qué tanta saña? ¿A qué venía ese despliegue, ese celo? La versión oficial ofrecida por el Gobierno Civil lo dejaban entrever: "se creía [que en el coche] viajaban tres elementos sospechosos de actividades terroristas, portadores de armas". Según pudo averiguar Javier Batarrita Gaztelu -hijo de la víctima- muchos años después, la policía estaba plenamente convencida de que en ese coche viajaban dirigentes de la recién creada ETA. Su gran objetivo era cazar -literalmente- a Julen Madariaga, uno de los fundadores de la activa organización. Hubiese sido un gran éxito, un regalo para el nuevo gobernador civil, Antonio Ibáñez Freire, que llevaba solo veinte días en el cargo. Serían héroes.
Hay que destacar que la primera acción violenta de ETA no se produjo hasta casi cuatro meses después de estos hechos y que sus militantes ni siquiera tenían armas.
Con la prensa absolutamente controlada por el régimen -sólo informó de un "lamentable error"-, el manto de silencio se extendió de inmediato y dura hasta hoy. Contaba la revista Gudari que los propios policías se encargaron de borrar huellas y de amenazar sin contemplaciones a los testigos: "Si ustedes en sus declaraciones saben comportarse con nosotros, nosotros sabremos comportarnos con ustedes. Lo demás..."
María Antonia Gaztelu, la esposa de Javier Batarrita, se enteró de la muerte de su marido mientras asistía a la tradicional procesión del Borriquito de aquel trágico lunes santo. Acudió al hospital, tomado por policías y donde nadie le informaba "de nada". Ante su insistencia, le dijeron simplemente "que estaba muerto". "Asesinos, asesinos", comenzó a gritar. En vano. Le impidieron ver el cadáver y, por toda explicación, le aseguraron que "por error, por accidente" se había escapado un tiro que "le entró por la nuca" a su marido. Solo el suegro de Batarrita pudo ver parcialmente el cuerpo, en concreto la cabeza. Lo que relató después a la familia era estremecedor: tenía medio rostro totalmente desfigurado. Acribillado.
Aunque el gobernador civil anunció una "investigación a fondo" y afirmó que se había nombrado "un juez especial" militar para esclarecer los hechos, la realidad es que nunca se hizo. Su primera actuación da idea de su minuciosidad: ordenó la inscripción de la defunción de Batarrita y, por toda explicación de la causa, se indicaba literalmente: "Al parecer, por herida de arma de fuego". Nada más.
El caso pasó a la Audiencia de Bilbao, que absolvió a todos los imputados por algo similar a la obediencia debida. En cualquier caso, es imposible contrastarlo ya que alguien se encargó, oportunamente, de hacer desaparecer el sumario y cualquier expediente del procedimiento.
Han tenido que pasar cincuenta años para medio cerrar esta herida. El 19 de noviembre de 2012, la Comisión de Valoración del Gobierno Vasco -entonces bajo gabinete socialista- consideró "debidamente acreditado" que Javier Batarrita "fue una víctima mortal de una actuación criminal, desprovista de cualquier tipo de consideración y respeto a la vida humana, por parte de diversos miembros de los cuerpos de la Policía y Guardia Civil". Determina, asimismo, que tanto su viuda como su hijo "carecieron de todo tipo de apoyo que merecían por su condición de víctimas de una actuación policial criminal y arbitraria" y que "sufrieron las consecuencias de la impunidad y de la ausencia del debido enjuiciamiento de los autores". También reconocía que la familia "no ha tenido reconocimiento alguno de instituciones del Estado". Aún la siguen esperando, 53 años después.
