VITORIA. El macrojuicio contra 40 jóvenes acusados de ser miembros activos de Segi se encamina hacia su final, pero ha deparado varias novedades. La abogada defensora, Amaia Izko, confirmó ayer que ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad al considerar desproporcionadas las penas de seis años propuestas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En concreto, cree que sería una condena excesiva para tratarse de actividades "públicas y políticas", y argumenta que no se ha imputado ninguna acción violenta a los defendidos. Al margen de esa cuestión que deberá dirimir el Tribunal Constitucional si los jueces de la AN dan curso a la petición, la defensa ha pedido que se tenga en cuenta el actual contexto político a la hora de determinar la relevancia penal de los hechos. El juicio, en fase de conclusiones, continuará hoy, y quizás también el 4 de febrero.

El caso, que arrancó el 14 de octubre, se remonta a la operación policial desplegada en noviembre de 2009 por orden de Fernando Grande-Marlaska. El fiscal entiende que Segi, que decidió disolverse en 2012, complementaría a ETA con acciones de kale borroka. La plataforma había sido ilegalizada en 2002 al considerarla sucesora de la también proscrita Haika. El macrojuicio es uno de los últimos impulsados al calor de la tesis del "todo es ETA" del exjuez Baltasar Garzón, junto con el juicio de las herriko tabernas. Como acusación popular se ha personado Dignidad y Justicia.

Durante la vista de ayer, la defensa consideró desproporcionada la condena propuesta por el fiscal y sostuvo que los acusados han limitado su tarea a ruedas de prensa, concentraciones juveniles o distribución de camisetas. Por otra parte, Izko precisó a este periódico que, aunque el fiscal ha reconocido que las declaraciones en régimen de incomunicación no serían válidas como prueba, solo lo habría admitido formalmente, mientras en la práctica las habría esgrimido como elemento de prueba "en casi todos los casos". Además, y cuando el fiscal ha aludido a la falta de investigación de las denuncias de presuntas torturas interpuestas por 32 de los 40 acusados, no lo habría hecho a modo de autocrítica. "Ha planteado que la falta de investigación del juez instructor cuando vio las alegaciones y no instó a la investigación significa que no son relatos verosímiles", aseguró la abogada a este medio.

Por otro lado, cuarenta personalidades del mundo de la política, la cultura y el deporte han apoyado con su firma un alegato de los 40 acusados que se presentará hoy mismo en Donostia. Entre los firmantes se encuentran el presidente del PSE Jesús Eguiguren, el abogado Txema Montero o la exdirigente de EA Begoña Errazti.