Donostia. "No sé si sumisión, insumisión o qué postura. Lo estamos analizando". La Diputación de Gipuzkoa sopesa qué hacer con la obligación de izar la bandera española en un lugar preferente tras la última sentencia del Tribunal Supremo. Así lo aseguró ayer la portavoz del Ejecutivo, Larraitz Ugarte, al término del consejo de Gobierno foral, donde constató que "la Diputación está muy preocupada con la dinámica que hay en torno a la simbología franquista y española".
La semana pasada se conoció la sentencia por la cual el contencioso-administrativo del Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por la Diputación contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La rojigualda deberá ondear en un máximo de un mes "no solo en un lugar bien visible, sino además en un lugar de honor".
Ugarte reconoció que "no hay más pasos tras el Supremo". "Sería el Constitucional, pero suele ser cuando hay vulneración de derechos humanos o vulneración constitucional". A poco más de un año para el final de la legislatura y la celebración de las elecciones forales, el principal castigo al que se enfrentaría el Gobierno que dirige Martin Garitano sería el de la inhabilitación por desobediencia.
