madrid. Después de ordenar el registro nocturno de la sede de la calle Génova en busca de documentación sobre la financiación del PP, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado poner en marcha nuevas líneas de investigación destinadas a determinar si el partido presidido por Mariano Rajoy ha recibido dinero negro para financiarse. Entre las nuevas diligencias ordenadas por el juez se encuentra la citación del presidente de Mercadona, Juan Roig -la segunda fortuna de España, con un patrimonio de 5.800 millones de euros- con el objetivo de acreditar si el PP cometió un delito de fraude fiscal en 2008.
El magistrado, que investiga la supuesta caja B del PP en una pieza separada del caso Gürtel, ha citado para el próximo 5 de febrero a Roig, al que se atribuye una supuesta entrega de 150.000 euros, y a otros tres supuestos donantes del PP que aparecían en la supuesta contabilidad opaca elaborada por el extesorero Luis Bárcenas. Se trata de Pilar Pulido, directiva de ADS Brokers, a la que Bárcenas atribuyó una donación de 36.000 euros; el presidente de Ploder, Luis Gálvez, que se encuentra "entre los aportantes de fondos no identificados" por una supuesta entrega de 50.000 euros; y Adolfo S., al que el juez no llega a identificar y atribuye un pago de 10.000 euros. Todos declararán como testigos.
Además, el mismo 5 de febrero el juez interrogará bajo este mismo estatus al gerente regional del PP en La Rioja en 2008 y a los dos apoderados de su sede, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, para investigar una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 en sus manuscritos bajo el concepto entrega de La Rioja y que, según declaró el 15 de julio, sirvió para financiar la compra de su nueva sede.
Ruz, con el aval de la Fiscalía Anticorrupción, acordó estas diligencias después de recibir un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) del que se desprenden "elementos objetivos que otorgarían coherencia respecto del apunte contable investigado" en relación con la compra de la sede del PP riojano. A su juicio, ante la "indiciaria congruencia observada", es necesario poner en relación las conclusiones de este informe con los soportes contables del extesorero.
El juez constata que en la contabilidad oficial existe una transferencia por importe de 200.000 euros que el PP nacional realizó en junio de 2008 al riojano y que no consta que fuera devuelta por la organización regional. Bárcenas explicó en su declaración que se trataba de "un donativo o aportación recibida de La Rioja", presuntamente en negro, que debía ser devuelto como "dinero oficial" para la compra de la sede.
En su auto el juez instructor recuerda que los delitos fiscales correspondientes a 2008 no habrían prescrito y que en esta causa investiga "la eventual responsabilidad" del PP y del "administrador o responsable legal de la formación política" en relación con "las entradas dinerarias registradas en la contabilidad paralela investigada" y las cuotas del Impuesto sobre Sociedades de 2008 que pudieran haberse defraudado.
