vitoria. Noviembre de 2009. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil irrumpen en los domicilios de 40 vecinos de Vitoria acusados de pertenecer a Segi, organización vinculada a la antigua Batasuna. Detienen a 34 jóvenes. Uno de ellos es Ion Anda, al que imputan la coordinación de este colectivo en Araba. Tras un registro con "un trato correcto" le conducen al cuartel de Sansomendi. De ahí a la cárcel madrileña de Tres Cantos. "Al principio, ejercicio forzado y amenazas, pero cuando les digo que no voy a declarar nada y que solo quiero hablar ante el juez, se ponen más violentos".

Anda denunció haber sido torturado mediante el "método de la bolsa", una forma de impedir la respiración que llevó a este gasteiztarra a perder el conocimiento "en un par de ocasiones", relata. "Lo único que buscan es que digamos que somos militantes de Segi, que firmemos el papel". Y lo hizo.

Después de permanecer incomunicado durante tres días, en su primera declaración ante el juez negó las palabras suscritas en el documento que llevaba su rúbrica y denunció haber sido víctima de torturas. El resto de los arrestados también denunciaron estos malos tratos; todos excepto los seis detenidos en Francia.

El juez decretó prisión incondicional. Tras ser excarcelado, participó junto a otros 75 imputados, diez de ellos vecinos de la capital alavesa, en el juicio contra Segi que la Audiencia Nacional inició en octubre del pasado ejercicio. Cuatro meses después, Anda y el resto de sus compañeros de banquillo aguardan una sentencia que podría demorarse hasta marzo. La Fiscalía solicita para él una pena de seis años.

Pese a su juventud, Anda conoce desde hace tiempo los tribunales y la prisión. El presunto líder de Segi en Araba fue detenido por primera vez en 2005, con 20 años, por su participación en un acto de kale borroka. Después de tres meses en prisión archivaron el caso. Dos años más tarde, la Policía Nacional fue a buscarle a su casa. No estaba. Decidió presentarse motu proprio en la Audiencia Nacional. No fue a prisión.

Amparado por el bagaje de su experiencia, Anda considera que la situación ha cambiado, pese al inmovilismo del Estado en aspectos como la política penitenciaria. El cambio viene de dentro, de las entrañas de la sociedad. De la vasca y de la española. En Euskadi asiste a las protestas de quienes "no entienden que cuarenta jóvenes puedan ser encarcelados por su militancia política en una organización que no existe, con la única prueba de la asistencia a reuniones y manifestaciones", proclama.

La solidaridad que ha percibido Anda también ha tenido su eco en Madrid, donde en sus repetidas visitas obligadas ciudadanos anónimos le han alimentado y le han ofrecido sus casas para pernoctar.

Los cambios incluso parecen haber llegado a las propias instancias judiciales. A modo de ejemplo, recuerda el momento en el que los testigos de la Fiscalía, todos policías, debían prestar declaración. Testigos que los ocupantes del banquillo de los acusados reconocían como sus torturadores. "Solicitamos a la jueza ausentarnos durante estos testimonios. Y aceptó, algo que no había ocurrido nunca y que, en nuestra opinión, deja entrever que la propia jueza admitía que por lo menos algo raro tenía que haber pasado en los interrogatorios", apunta.

Frente a estos gestos, en el otro lado de la moneda Anda analiza el veto de la extrema derecha a los actos de la izquierda abertzale. Los intentos por explicar la postura de esta corriente ideológica independentista en Madrid se saldaron, en su último encuentro, con un aviso de bomba que obligó a desalojar las aulas de la Universidad Complutense.

gasteizko harresia Anda participará hoy junto a cerca de 3.000 personas, si las previsiones de los organizadores se cumplen, en la cadena humana que unirá cinco puntos clave de Vitoria, un acto más de la plataforma Gasteizko Harresia para exigir el fin de los "juicios políticos".

Habrá otras acciones con idéntico objetivo mientras Anda y el resto de los imputados aguardan a que se publique su sentencia. No es optimista. Sabe que el proceso iniciado con el cese de la actividad armada de ETA, hace más de dos años, y otros hitos como el reconocimiento del daño causado por parte de los presos de la banda armada han creado una nueva realidad, pero la postura del Gobierno español no le hace presagiar nada bueno en el fallo judicial. La negativa de la organización terrorista a desarmarse y disolverse tampoco ayuda.

No obstante, Anda está convencido de que sea cual sea el sentido de la decisión de la jueza encargada de la instrucción se producirá una respuesta "que igual que hasta ahora no será en términos violentos". Y es que, en su opinión, las formas de lucha pacífica por las que aboga "ya no tienen vuelta atrás".